Ley de desperdicio y cuaderno digital, entre los asuntos pendientes de la nueva legislatura

La ley contra el desperdicio alimentario es una de las propuestas normativas que se ha quedado sin aprobar en la legislatura recién acabada y que el nuevo Gobierno entrante ya se ha comprometido a retomar, y a la que se suman otros asuntos como el cuaderno digital agrícola.

La entrada en vigor de la ley contra el desperdicio alimentario se esperaba para el primer semestre de este año, pero no alcanzó a completar todos sus trámites parlamentarios antes de la disolución de las Cortes.

El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar incluye que se retome esta iniciativa legislativa, que obligará a todos los eslabones de la cadena alimentaria a contar con planes para minimizar las pérdidas de alimentos y que plantea multas de hasta 500.000 euros.

No es la única cuestión a la que habrá que estar atentos; la aplicación obligatoria del cuaderno digital en todas las explotaciones agrarias españolas, según el proyecto de real decreto sobre la Política Agraria Común (PAC), también estará sobre la mesa.

Aplazamiento del CUE

El Gobierno ha aplazado a septiembre de 2025 la aplicación de este cuaderno, que supone cambiar el soporte en papel del cuaderno de explotación tradicional a un soporte digital que permita al agricultor sacar mejor provecho de la información que genera y poder trasmitirla a las administraciones por métodos telemáticos.

Otros asuntos como la modernización del sector y el relevo generacional, el precio de los alimentos o la gestión del agua ya fueron protagonistas en la legislatura que acaba y seguirán muy presentes en la nueva.

Si para atenuar la subida del precio de los alimentos el Gobierno decretó el pasado enero una rebaja en el IVA de los alimentos básicos, en principio para seis meses y luego para todo el año, ahora ha adquirido el compromiso de mantenerlo hasta junio de 2024.

Además, el pacto de Gobierno entre el PSOE y Sumar recoge poner en marcha un sistema de monitorización de mercados de los principales productos agroalimentarios que permita ver parámetros como los precios en origen, mayorista y destino, costes de producción, márgenes brutos, volumen de producción, importaciones y exportaciones.

Con esta medida se busca ayudar a asegurar el cumplimiento y desarrollo de la Ley de la Cadena Alimentaria, modificada durante esa legislatura y que busca impedir que cada eslabón (agricultores, industria o distribución) venda sus productos por debajo de los costes de producción.

Pedro Sánchez ha avanzado ya en sus intervenciones parlamentarias que se comprometen a modernizar el sector agrario e impulsar la agricultura ecológica y regenerativa, y para la que se realizará una ley de agricultura familiar.

Asimismo, ha adelantado que se impulsará una transición ecológica que, entre otras cosas, permita combatir la amenaza de la sequía mediante la ampliación de los recursos, la modernización de las infraestructuras hidrográficas y el cierre de pozos y regadíos ilegales.

Y ha asegurado que desplegarán una "estrategia de alimentación para España" que fomente el empleo rural y mejore la calidad de la alimentación.