23 June 2026
7 min
El Ministerio convoca 1,8 millones para las explotaciones agrarias gestionadas en pareja
Hasta 1.500 euros por unidad familiar agrícola para sufragar las cuotas a la Seguridad Social. Las solicitudes pueden presentarse hasta el 14 de julio a través de la sede electrónica del MAPA
El El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el extracto de la convocatoria para la concesión directa de subvenciones a las explotaciones agrarias de titularidad compartida correspondiente al ejercicio 2026, con una dotación de 1.798.000 euros. El plazo para presentar la documentación requerida estará abierto del 24 de junio al 14 de julio de 2026.
Las ayudas, que se articulan en régimen de concesión directa y no están sujetas a concurrencia competitiva, tienen como objetivo contribuir al pago de las cuotas de la Seguridad Social a las que se encuentran obligados los titulares de este tipo de explotaciones. La cuantía máxima alcanza los 1.500 euros por explotación beneficiaria, la misma que se aplica desde que el Real Decreto 819/2021 estableció las bases reguladoras del programa.
Quién puede solicitar las ayudas
Podrán optar a estas subvenciones las explotaciones agrarias inscritas en situación de alta en el Registro de Explotaciones Agrarias de Titularidad Compartida del Ministerio (RETICOM) con un mes de antelación a la publicación del extracto en el BOE. Las solicitudes deben tramitarse a través de la sede electrónica del Ministerio en el plazo de 15 días hábiles desde el día siguiente a dicha publicación.
Las explotaciones beneficiarias quedan asimismo obligadas a permanecer registradas en el RETICOM y a mantener el alta en la Seguridad Social durante al menos cinco años desde la publicación de la resolución de concesión.
La subvención es compatible con otras medidas de apoyo a esta figura. Desde enero de 2023 y por un periodo de cinco años, el cónyuge del titular de una explotación de titularidad compartida se beneficia de una bonificación del 40 % en su cuota de la Seguridad Social, incrementada desde el 30 % anterior dentro del paquete de medidas para trabajadores autónomos aprobado en julio de 2022.
Una figura con adopción todavía limitada
La titularidad compartida es la figura jurídica creada por la Ley 35/2011 para que matrimonios o parejas de hecho gestionen conjuntamente una explotación agraria, con igualdad de derechos y responsabilidades entre ambos titulares. Su objetivo central es reconocer jurídicamente el trabajo de las mujeres en las explotaciones familiares, facilitándoles el acceso a ayudas, formación y financiación en igualdad de condiciones. Pese a llevar más de una década en vigor, la adopción de la figura sigue siendo modesta en términos absolutos: a 1 de abril de 2026, el RETICOM contabilizaba 1.599 explotaciones inscritas en toda España.
Cinco convocatorias, 64 % más de beneficiarias
El programa de subvenciones directas a la titularidad compartida lleva en funcionamiento desde 2021, cuando arrancó con 729 explotaciones beneficiarias y una dotación inicial que ha ido ajustándose al alza conforme crecía la demanda. La trayectoria es de crecimiento sostenido en todas las ediciones:
En 2022, la segunda convocatoria alcanzó las 857 beneficiarias, con un presupuesto de 1,5 millones de euros. En 2023, la dotación subió hasta los 1,8 millones y el número de explotaciones atendidas llegó a 916. En 2024 el programa benefició a 1.060 explotaciones, con una resolución definitiva que movilizó 1,59 millones de euros. En 2025, la convocatoria alcanzó su máximo histórico hasta la fecha: 1.194 beneficiarias y 1,79 millones ejecutados. La convocatoria de 2026 se presenta con 1.798.000 euros de dotación, la más alta de la serie, lo que apunta a una previsión de beneficiarias en torno a las 1.198 explotaciones si se mantiene la tasa de aprovechamiento.
En conjunto, el número de explotaciones beneficiarias ha crecido un 63,8 % entre 2021 y 2025, pasando de 729 a 1.194. Un avance relevante, aunque la cifra total de inscritas en el RETICOM —1.599 a abril de 2026— sigue siendo marginal frente al universo de explotaciones agrarias familiares que potencialmente podrían acogerse a la figura.
Castilla y León concentra casi la mitad de todas las explotaciones de titularidad compartida del país. Madrid, Baleares, Ceuta y Melilla acumulan cero inscritas
Un mapa territorial con fuertes desequilibrios
La distribución geográfica de la titularidad compartida en España es profundamente desigual, y ese desequilibrio se ha mantenido constante a lo largo de todas las convocatorias. Castilla y León concentra en torno al 46 % de todas las explotaciones inscritas en el RETICOM, con aproximadamente 740 unidades registradas a finales de 2025 —sobre un total nacional de 1.527 en esa fecha—, lo que la convierte en un caso singular en el conjunto del Estado.
El liderazgo castellanoleonés se explica tanto por la estructura de la propiedad agraria en la región, donde predominan las explotaciones familiares de base cerealista y ganadera, como por la labor divulgativa desarrollada desde la Consejería autonómica. Dentro de la comunidad, el peso recae sobre tres provincias: León (222 explotaciones), Salamanca (114) y Burgos (104), seguidas a distancia por Valladolid y Ávila, con 69 cada una. La tasa de aprovechamiento de la ayuda estatal en Castilla y León superó el 88 % en la convocatoria de 2025, la más alta del país.
En el otro extremo del mapa, Madrid, Baleares, Ceuta y Melilla registraban cero explotaciones inscritas en el RETICOM según los datos de 2025, según recogió Cocampo. La ausencia de Baleares y Madrid, dos territorios con actividad agraria relevante, ilustra hasta qué punto la titularidad compartida no ha llegado a implantarse en ciertas zonas, ya sea por desconocimiento, por la estructura de las explotaciones —más orientadas a cultivos intensivos con mano de obra contratada—, o por la menor presencia de explotaciones familiares en sentido estricto.
Entre los extremos, comunidades como Navarra, Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana, Asturias y Galicia presentaron en 2025 tasas de aprovechamiento superiores al 80 % de su potencial, según la resolución definitiva ministerial —es decir, la gran mayoría de las explotaciones inscritas en esas comunidades terminaron siendo beneficiarias—, lo que indica que, donde la figura existe, su acogida a las ayudas es alta. El problema es que esa base registral sigue siendo reducida en términos absolutos fuera de Castilla y León.
Extremadura aporta otro foco relevante: la provincia de Badajoz aparece quinta en el ranking nacional con 91 explotaciones, el reflejo de una agricultura familiar de secano que ha encontrado en la titularidad compartida un instrumento útil para el reconocimiento del trabajo de las cónyuges en fincas de olivar, cereal y dehesa.
La brecha entre el número de explotaciones inscritas y el volumen presupuestario convocado indica que el programa mantiene margen de absorción: en 2024 se beneficiaron 1.060 explotaciones, y la dotación presupuestaria habría alcanzado para financiar casi 1.197. Esa diferencia —explotaciones potencialmente elegibles que no solicitan la ayuda o no están inscritas— representa el principal reto pendiente del programa.
Donde la figura existe, la tasa de aprovechamiento de las ayudas supera el 80 %. El problema es que esa base registral sigue siendo pequeña fuera de Castilla y León
