La Visión sobre la Agricultura y la Alimentación publicada recientemente por la Comisión Europea, plantea como uno de los puntos principales la focalización de las ayudas a la renta en aquellas explotaciones que más lo necesiten. Sin embargo, no desarrolla los criterios para dicha focalización, excepto mencionar que deberán ser agricultores activos, y que los agricultores que más lo necesitan son los jóvenes agricultores, los nuevos agricultores, los agricultores en zonas desfavorecidas y los agricultores de explotaciones mixtas.

En cierto sentido, la Visión ha supuesto un paso atrás respecto al resultado del Diálogo Estratégico sobre el Futuro de la Agricultura en la UE promovido por la presidenta de la Comisión en abril de 2024, en cuyas conclusiones publicadas en septiembre 2024 aparecía la viabilidad económica de las explotaciones como un criterio clave para la focalización de las ayudas a la renta.

El objeto de esta nota es precisamente plantear un modelo general de focalización de las ayudas a la renta basado en la condición de agricultor activo y en la viabilidad económica de las explotaciones.

Según los datos de 2018, utilizados para realizar los estudios y diagnósticos para la elaboración del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, si se hubiera definido como agricultor activo el que obtiene de su explotación una renta agraria igual o mayor al 20 % de su renta total (criterio renta), casi el 50 % de los perceptores de ayudas PAC no serían agricultores activos, y por tanto hubieran dejado de percibir la ayuda a la renta a partir de 2023.

El hecho de que en 2023 haya 617.000 perceptores de ayudas directas PAC, cifra solo algo inferior a los 660.000 que había en 2018, indica que los criterios que finalmente se siguieron para definir los agricultores activos en el Plan Estratégico de la PAC (2023-2027) fueron muy generosos.

Si consideramos el régimen de pequeño agricultor (menos de 1.250 euros de pago directo) que se estableció para simplificar el sistema y la verificación de las condiciones para el pago de las ayudas, y que incluía a 244.000 perceptores según datos de 2018, el 80 %, o sea 194.000 pequeños agricultores no serían agricultores activos según el criterio de renta y de acuerdo a los mismos estudios, y por tanto hubieran quedado excluidos de la ayuda a la renta.

El segundo criterio es el de viabilidad económica. Este criterio llevaría a que el apoyo a la renta se centre en las explotaciones que pueden llegar a ser rentables, o que lo son pero no hasta el punto de tener asegurada su rentabilidad sin apoyos públicos.

Para hacer operativo este criterio se parte de la existencia de importantes economías de escala en la agricultura, según se desprende tanto de la Red Contable Agraria Nacional (RECAN) de España como de la Red Contable Agraria de la Unión Europea, de modo que la rentabilidad económica de las explotaciones depende en gran medida, aunque no solo, de su dimensión económica. Ello permitiría, sin necesidad de establecer por parte de la Comisión una metodología e indicadores estándar de rentabilidad, focalizar la ayuda a la renta en función de la dimensión económica de las explotaciones.

La dimensión económica puede tomarse como proxy de la rentabilidad de la explotación, aunque pueda haber algunas explotaciones de muy pequeña dimensión económica que sean rentables, y algunas explotaciones de gran dimensión económica que no lo sean, aunque serán casos sin duda excepcionales. Más adelante se discutirá más a fondo sobre la validez de esta proxy de la rentabilidad de la explotación.

Los agricultores con una dimensión inferior a un determinado umbral no serían viables económicamente, ni actual ni potencialmente, y por tanto deberían quedar fuera de la ayuda a la renta, ya que además la mayoría de ellos no son activos, o sea son agricultores a tiempo parcial o pluriactivos o están jubilados, y además en no pocos casos no cultivan sus tierras directamente, sino que las ceden a otros agricultores de la zona mediante acuerdos formales o informales.

Por otro lado, las explotaciones por encima de un determinado umbral de dimensión económica son muy rentables, de modo que no necesitan ayudas a la renta, aunque sí podrían acceder a ayudas ambientales y ayudas a la inversión en modernización, innovación, digitalización, energías renovables, comercialización, etc.

La propuesta de focalización de las ayudas a la renta en función de la dimensión económica de las explotaciones puede representarse en la Figura 1, en la que la función que se ha dibujado es puramente teórica a efectos didácticos.

Figura 1

Distribución de Explotaciones Agrarias según Dimensión

En la Figura 1, las explotaciones de las dos áreas en verde quedarían fuera de la ayuda a la renta, de modo que esta se focalizaría en las explotaciones del área comprendida entre A y B no coloreada, cuyos titulares serán en su inmensa mayoría agricultores activos.

El problema práctico es establecer los umbrales de dimensión económica, es decir los puntos A y B. Dado que la estructura agraria es muy distinta en cada Estado miembro de la UE, lo razonable sería que se dejase a cada Estado miembro la fijación de los umbrales A y B.

Obsérvese que, en principio, lo que se propone no es fijar un tope máximo a la ayuda a la renta (capping) para las explotaciones del área a la derecha de B, sino la no elegibilidad a partir del umbral B, es decir que esas explotaciones no recibirían la ayuda a la renta.

La RECAN establece el umbral para considerar explotaciones comerciales (sean o no rentables) las que están por encima de 8.000 euros de PET, un umbral que es muy bajo ya que son cifras de producción estándar bruta sin descontar ningún gasto.

De acuerdo con los coeficientes aplicados en el cálculo de la PET, esos 8.000 euros se alcanzan con 14 hectáreas de trigo blando en Castilla y León, o bien con 1,3 hectáreas de cítricos en la Comunidad Valenciana; 3,5 vacas lecheras en Galicia; o 4 hectáreas de olivar para almazara en Andalucía.

En países como Francia, Alemania o Países Bajos el umbral para definir las explotaciones comerciales es de 25.000 euros PET. La ventaja de la RECAN es que nos ofrece información sobre la producción estándar bruta total real de las explotaciones, y no la estimada, como hace el Censo.

Según estudios realizados por el MAPA a partir de datos de la RECAN (Informe Anual de Indicadores 2023), la Renta del Trabajo del Agricultor (RTA: lo que correspondería a la remuneración de su trabajo) representa un porcentaje del salario medio de la economía para el trienio 2019-2021 que varía en función de la dimensión económica como se indica en el Cuadro 1.

Para determinar los umbrales A y B tendremos en cuenta dicho Cuadro 1, en el que aprecia la gran capacidad de los estratos superiores para remunerar el factor trabajo, en especial por encima de 500.000 euros PET, y la nula o escasa capacidad de los estratos alrededor de 8.000 euros PET.

Escenarios

La definición de los umbrales A y B permitirán establecer distintos escenarios más o menos estrictos. Partiremos de la función de distribución de las explotaciones según dimensión económica, que se estimará a partir de los datos de distribución de las explotaciones según tamaño económico (Producción Estándar Total, PET) del Censo Agrario 2020 o de la Encuesta de Estructura de Explotaciones del año 2023.

Aunque existe una significativa diferencia entre ambas fuentes que puede deberse no solo al corto periodo de diferencia (3 años) sino a enfoques metodológicos, por su mayor actualidad, utilizaremos los datos de la Encuesta de estructuras, que se presentan en el Cuadro 2. La estimación de la curva a partir de esos datos se presenta en la Figura 2 en escala logarítmica.

Figura 2. Función de distribución de las explotaciones según tamaño

La función de distribución en escala aritmética se ha dibujado de forma aproximada (Figuras 3 y 4) para realizar el análisis de escenarios.

Proponemos dos escenarios para definir los puntos A y B. Un primer escenario menos duro, Escenario MÍNIMO; donde el punto A se fijaría en 8.000 euros de PET, el mismo umbral que la RECAN utiliza para definir explotaciones comerciales, y 500.000 euros de PET para el punto B (Figura 3), por ser estas explotaciones las de mayor tamaño y mayor rentabilidad (ver cuadro 1), y que por tanto consideramos que no necesitan ayudas a la renta.

Figura 3. Escenario MIN

En este escenario, las explotaciones que se quedarían sin ayuda a la renta de la PAC serían, según la Encuesta de Estructuras 2023, 365.000 en el área amarilla a la izquierda de 8.000 euros PET, y 14.000 en el área amarilla de la derecha de 500.000 euros PET. Las explotaciones entre 8.000 y 500.000 euros PET en las que se focalizaría la ayuda a la renta serían 405.000, que es un número significativo.

El 50 % de los agricultores con explotaciones a la izquierda del punto A (explotaciones menores de 8.000 euros de PET), que no son viables y que se quedarían sin ayuda a la renta, tienen más de 65 años y por tanto perciben una pensión de jubilación. Las explotaciones a la izquierda del punto A serán en su gran mayoría de agricultores no activos según el criterio de renta, por lo que también quedarían excluidas de la ayuda a la renta por el criterio de agricultor activo.

Muchos de estos agricultores no activos y de muy pequeña dimensión económica no cultivan directamente sus explotaciones, sino que las ceden por vías formales o informales a otros agricultores o empresas.

En el segundo escenario más duro, Escenario MÁXIMO, el punto A se fijaría en 25.000 euros de PET y el punto B en 100.000 euros de PET (Figura 4).

Figura 4. Escenario MAX

En el escenario MAX, las explotaciones potenciales que se quedarían sin ayuda directa PAC serían, según la Encuesta de 2023, 538.000 (área amarilla y morada a la izquierda de 25.000 euros PET), y 95.000 (área amarilla y morada de la derecha de 100.000 euros PET), o sea en total 633.000 explotaciones (número superior al de perceptores PAC porque recordemos que no todas las explotaciones que figuran en el Censo o en la Encuesta reciben ayudas directas PAC).

Las explotaciones entre 25.000 y 100.000 euros PET serían 151.000; es decir, un número reducido de explotaciones. Las explotaciones excluidas de la ayuda a la renta en el escenario MAX representarían el 81 % del total de explotaciones de la Encuesta de Estructuras, o sea una gran mayoría de las explotaciones, mientras que las explotaciones entre 25.000 y 100.000 euros PET en las que se focalizaría la ayuda a la renta representarían tan solo el 19 % del total de explotaciones de la Encuesta de Estructuras, la mayoría de las cuales serían de agricultores activos.

Por tanto, sería deseable considerar un escenario intermedio entre los dos escenarios definidos MINIMO y MÁXIMO, estableciendo dentro del área a la izquierda de A dos umbrales, uno hasta 8.000 euros PET (área amarilla) sin ayudas a la renta, y otro entre 8.000 y 25.000 (área morada) con ayudas a la renta solo en el caso de jóvenes y nuevos agricultores y/o plan de viabilidad económica que podría recibir ayudas PAC a la inversión en mejora y modernización de la explotación.

Lo mismo podría hacerse dentro del área a la derecha del punto B con dos umbrales, uno entre 100.000 euros y 500.000 euros PET (área morada) con ayudas a la renta, pero aplicando un capping exigente, y otro de más de 500.000 euros (área amarilla) sin ayuda a la renta, es decir no elegibles para esa ayuda, aunque en ambos subtramos estas explotaciones podrían percibir pagos por servicios ambientales o ayudas a inversión en innovación y modernización.

El ahorro anual del gasto en ayudas a la renta, la principal partida presupuestaria de la PAC, que se obtendría mediante la focalización propuesta, podría destinarse a aumentar el presupuesto de ayudas a la inversión, ya sean individual, corporativa o asociativa (organizaciones de productores o cooperativas), lo cual permitiría diseñar una PAC más orientada a la innovación agroalimentaria para aumentar la competitividad del sector agrario y alimentario.

También podría destinarse a incrementar el gasto público en gestión de riesgos, pues el cambio climático está provocando mayores niveles de riesgo en la agricultura.

La estimación del ahorro anual de gasto en ayudas a la renta en los escenarios MIN, MAX e intermedio no es sencilla, puesto que debe determinarse la cantidad de ayudas a la renta percibidas en cada estrato de dimensión económica, y además debe estimarse el porcentaje de agricultores no activos, que también dejarían de percibir la ayuda a la renta por no ser agricultor activo, en cada estrato de dimensión económica.

A título meramente indicativo para acotar ordenes de magnitud, ya que se trata de estimaciones muy preliminares y por tanto sometidas a serias reservas, el ahorro anual de gasto oscilaría entre los 202 millones euros en el escenario MIN y 1.865 millones de euros en el escenario MAX, siendo 1.134 millones el ahorro anual de un escenario intermedio.

Estas cifras podrían aumentar sensiblemente si la proporción de agricultores no activos, y que por tanto no percibirían la ayuda a la renta, en las explotaciones que se sitúan entre A y B fuese elevada.

Discusión

La propuesta para la focalización de la ayuda a la renta de la PAC presentada en esta nota tiene dos problemas principales.

En primer lugar, la dimensión económica es una proxy de la rentabilidad de la explotación, pero no es la rentabilidad de la explotación. La bondad de la proxy dependerá de la definición de los umbrales, así es evidente que la dimensión económica es una buena proxy en el caso del escenario MIN, ya que es muy difícil que una explotación de menos de 8.000 euros PET sea rentable o que una de más de 500.000 euros PET no lo sea, pero eso ya no está tan claro si se toman los umbrales del Escenario MAX.

Pero la alternativa sería determinar la rentabilidad de cada explotación mediante una metodología e indicadores de rentabilidad estándar, lo que puede ser una tarea de enorme complejidad y exigencia para la Comisión, para los Estados miembros y para los agricultores.

En segundo lugar, el hecho de fijar un umbral B de dimensión económica puede provocar un efecto frontera, de modo que las explotaciones que superen la dimensión económica B traten de dividir la explotación.

De lo anterior se deducen dos elementos a considerar:

1) la importancia de la definición de los umbrales A y B para que la dimensión económica sea una buena proxy de la rentabilidad de la explotación;

y 2) podría ser mejor un capping exigente que excluir de la ayuda a la renta a las explotaciones a la derecha de B, al objeto de evitar, o al menos desincentivar, el efecto frontera.

Será fundamental investigar y analizar posibles escenarios alternativos para establecer los umbrales A y B, y posibles subumbrales, de tamaño económico, teniendo en cuenta el Censo y la RECAN. Ello permitiría estimar en cada escenario cuantos agricultores quedarían fuera de la ayuda a la renta de la PAC, y sobre todo cuáles son las principales características de esos agricultores excluidos (no elegibles) de la ayuda a la renta.

En el caso de las explotaciones a la izquierda de A que no son ni pueden ser viables económicamente, se argumenta con frecuencia para mantener la ayuda a la renta que estos pequeños agricultores pueden sobrevivir gracias a dichas ayudas, y que su continuidad es importante para mantener un medio rural vivo. Pero hay diversos elementos que hacen dudar de tales argumentos.

En primer lugar, la ayuda es muy pequeña, al ser ayuda por hectárea y tratarse de explotaciones de muy pequeña dimensión, por lo que parece difícil que sobrevivan gracias a esa ayuda, cuando además la mayoría de estos agricultores no son activos y por tanto tienen ingresos procedentes de otras actividades o una pensión de jubilación.

Pero más aún, estos pequeños agricultores no suelen cultivar directamente sus tierras, sino que las ceden a otros agricultores a cambio de un pago o renta por hectárea que más o menos equivale a la ayuda PAC, de modo que seguirían percibiendo la ayuda PAC como renta de la tierra cedida formal o informalmente.

En caso de que los pequeños agricultores que dejen de percibir la ayuda a la renta cultiven directamente sus tierras, podrían, ante la pérdida de la ayuda a la renta, transmitir sus tierras a través de la venta, el arrendamiento o la cesión informal a agricultores activos que sí percibirían la ayuda a la renta, recuperando en cierto modo la ayuda a la renta perdida. El aumento de la movilidad de la tierra que se produciría para recuperar parcial o totalmente la ayuda a la renta, tendría un efecto positivo para la mejora de la estructura agraria y de la eficiencia y competitividad del sector agrario.

En segundo lugar, y en cuanto al argumento de que estos pequeños agricultores juegan un papel importante en el mantenimiento de un medio rural vivo, lo que es posible, debe ser confirmado investigando si esos pequeños agricultores que dejarían de percibir la ayuda a la renta, residen o no realmente en el medio rural cercano a la explotación.

Hay cierta evidencia de que pequeños agricultores, ya jubilados o no, dejan el pueblo para trasladarse a la capital de provincia, lo que explicaría su crecimiento demográfico y el desarrollo del sector de la vivienda, como ha sucedido en Soria y otras provincias despobladas.

En cualquier caso, eliminar de la ayuda a la renta a los agricultores de menos de 8.000 euros de PET solo supone un ahorro de gasto que estimamos en no más de 120 millones euros, de modo que puede entenderse que la exclusión de estos muy pequeños agricultores de la ayuda a la renta sea un tema discutible dado su coste político. Una alternativa sería mantener la ayuda en ese estrato de dimensión, pero decreciente cada año hasta su total desaparición al final del próximo período de reforma PAC.

En el caso de las explotaciones a la derecha de B, habría que analizar con la RECAN cuáles son los niveles de rentabilidad de los distintos tamaños y orientaciones productivas, para no dejar sin ayuda a explotaciones medianas-grandes con una rentabilidad ajustada.

Una alternativa sería mantener las ayudas con capping a las explotaciones a la derecha del punto B, pero decrecientes cada año hasta su desaparición al final del próximo período de reforma PAC.

Un escenario equilibrado sería el de dos subtramos dentro del área a la izquierda de A, el de menor dimensión no elegible para las ayudas a la renta, y el de mayor dimensión con ayuda condicionada a ser joven o nuevo agricultor y/o a presentar un plan de viabilidad, y dos sub tramos a la derecha de B, el superior de muy grandes explotaciones no elegible para la ayuda a la renta, y el inferior con grandes explotaciones a las que se mantiene la ayuda a la renta con capping y/o con ayuda a la renta decreciente cada año hasta su total desaparición al final del período de la siguiente reforma PAC.

Otra opción para dicho tramo inferior de grandes explotaciones sería que la ayuda a la renta se mantenga y se destine en parte a inversión en mejora y modernización de la explotación.

En cuanto a las críticas a eliminar la ayuda a la renta a las grandes explotaciones rentables, la principal es que la agricultura es una actividad con elevado riesgo debido al cambio climático, que la variabilidad de la renta de la explotación es grande y que la ayuda a la renta juega un importante papel de estabilización de la renta.

La respuesta a esta crítica es que España tiene un sistema de seguros agrarios muy completo, y que estas explotaciones suelen estar aseguradas, y si no lo están pueden asegurarse, y que parte del ahorro del gasto anual en ayudas a la renta podría dedicarse a mejorar la gestión de riesgos en la agricultura.

Por otro lado, en el caso de crisis y emergencias, cada vez más frecuentes, como ocurrió con la pandemia en 2020, las graves sequías de 2022 y 2023, la guerra en Ucrania en 2022, o ahora en 2025 con la actual guerra comercial y aranceles impuestos por la nueva Administración USA, hay mecanismos de apoyo público dentro y fuera de la PAC a los que las grandes explotaciones también podrían acceder.

El presupuesto comunitario destinado a las ayudas a la renta de los agricultores siempre ha sido objeto de fuertes críticas por su déficit de legitimidad, ya que otros sectores productivos, por ejemplo el pequeño comercio, que también sufre crisis importantes, no recibe este tipo de ayudas a la renta, y por su impacto redistributivo negativo, ya que al ser una ayuda por hectárea la mayor parte de la ayuda va a las explotaciones más grandes, lo que se ha tratado de mitigar con el capping de las ayudas a la renta que ha sido insuficiente en nuestra opinión.

También se han tratado de legitimar con la condicionalidad ambiental, lo que ha planteado serios problemas de definición de las condiciones ambientales y de exceso de burocracia y controles, lo que ha sido objeto de críticas por parte de los agricultores.

Por todo ello, además de la idea de pasar de condiciones ambientales a incentivos, como propone la 'Visión', pensamos que la mejor forma de acabar con las críticas a la ayuda a la renta del agricultor es su focalización, como también ha propuesto la 'Visión', aunque sin concretar.

Una alternativa a estudiar, en lugar de o además de la focalización de las ayudas a la renta, sería que dichas ayudas fueses degresivas, disminuyendo su cuantía cada año hasta su desaparición al final del próximo período de reforma PAC o que dichas ayudas fuesen sustituidas total o parcialmente por un sistema de incentivos y ayudas a la inversión en innovación, mejora y modernización.

La idea fuerza es convertir el ahorro de gasto procedente de la focalización de la ayuda a la renta, en una palanca de mejora y modernización de la agricultura para hacerla más sostenible y competitiva.

De la misma forma que la "Visión" plantea un cambio importante al pasar de condiciones a incentivos en el ámbito medioambiental, la propuesta sugerida en esta nota plantea pasar de ayudas a la renta del agricultor a ayudas a la inversión (preservar el medio ambiente, conservar la biodiversidad, mitigar el cambio climático, modernización, innovación, digitalización, producción de energías renovables), bien sea de forma individual, corporativa o asociativa.

Este cambio de paradigma de la política agraria comunitaria tiene algunos importantes corolarios:

Las ayudas a la renta deben reservarse a aquellos agricultores que están cerca de ser viables o que ya lo son, pero con una rentabilidad muy ajustada. Siguiendo el hilo conductor de esta nota, serían las explotaciones que se sitúan entre A y B. Pero, podría plantearse que esas ayudas no fueran por tiempo indefinido, sino para un periodo lo suficientemente largo para que la explotación consolidase su viabilidad económica. Incluso se podría plantear capitalizarlas y pagarlas al principio del período como capital para invertir en un plan de viabilidad.
Si la eliminación de la ayuda al a renta a pequeños agricultores provocara algunas situaciones de precariedad económica, debido a muy bajos ingresos, en especial a pequeños agricultores de edad avanzada o incluso ya jubilados con pensiones de jubilación muy bajas, dichas situaciones deberían abordarse mediante ayudas sociales tipo ingreso mínimo vital (política social no política agraria). Por otro lado, y como ya hemos mencionado, los pequeños agricultores que se quedasen sin ayuda a la renta podrían recuperarla, si no lo hacen ya, como renta percibida por el arrendamiento o cesión de sus tierras a otros agricultores, puesto que la ayuda PAC se internaliza por regla general en la renta de la tierra, siguiendo la teoría ricardiana de la renta de la tierra.
Puede que las ayudas a la renta de la PAC ayuden a fijar población en el medio rural, aunque una parte de los perceptores de dichas ayudas no residan en el medio rural, como se puede comprobar por el domicilio declarado por dichos perceptores. En cualquier caso, la focalización de las ayudas a la renta refuerza la necesidad de una auténtica y potente política de desarrollo rural, pero no solo mediante la PAC sino con todas las políticas y fondos estructurales de la UE.
La eliminación de la ayuda a la renta a la izquierda de A seguramente haría desaparecer a muchas pequeñas explotaciones, sobre todo si se combina con incentivos a la jubilación anticipada, lo que aumentaría la movilidad de la tierra, pues dichas explotaciones podrían arrendar o vender sus tierras a agricultores activos y de mayor tamaño, acelerando así el necesario cambio estructural de la agricultura española para mejorar la competitividad y eficiencia del sector. En este sentido, la propuesta de creación de un Observatorio sobre la Tierra que figura en la 'Visión' es muy positiva. Piénsese que en Francia y Alemania, países comparables al nuestro por dimensión territorial, hay según Eurostat 390.000 y 280.000 explotaciones agrarias respectivamente, frente a nuestras 915.000 (Censo Agrario 2020) o 784.000 (Encuesta de Estructuras 2023) explotaciones. En cuanto al posible impacto social y despoblación del medio rural al eliminar las ayudas a la renta de las muy pequeñas explotaciones, ver los apartados 2 y 3 anteriores.
La exclusión o fuerte capping de la ayuda a la renta a las explotaciones a la derecha de B, podría suponer problemas de inestabilidad en la renta de grandes explotaciones de determinados sectores, pues su rentabilidad puede variar mucho según los años debido a crisis climáticas o de mercado, además de otros tipos de crisis como la geopolítica, como está ocurriendo en la actualidad con la guerra comercial arancelaria emprendida por la Administración Trump. Por ello, la actuación a la derecha de B, tiene como corolario la necesidad de establecer potentes redes de seguridad para hacer frente a crisis y emergencias, que deben coordinarse con las políticas de gestión de riesgos y en especial con la de seguros agrarios.
Los pagos agroambientales y la mayoría de las ayudas a inversiones y a la gestión de riesgos y crisis que podrían ser financiadas con el ahorro derivado de la focalización de las ayudas a la renta, serían gastos del segundo pilar de la PAC que solo son cofinanciados por el presupuesto comunitario, lo que causaría problemas financieros a los Estados miembros. Sin embargo, al proceder de ahorros de ayudas que están en el primer pilar, financiadas enteramente por el presupuesto comunitario, quizás se podría conseguir que sean financiadas, como las ayudas a las que sustituyen, es decir íntegramente por el presupuesto comunitario, como ya ocurre en la actualidad en las transferencias de fondos del primer al segundo pilar.

Conclusión

La propuesta de focalización de las ayudas a la renta, objeto central de esta nota, es una propuesta abierta y que debe ser objeto de debate, y de hecho el fin principal de esta nota es lanzar ese debate.

Hay que decidir los umbrales A y B y posibles subumbrales tanto a la izquierda de A como a la derecha de B, así como si a la derecha de B se plantea la no elegibilidad de la ayuda a la renta o un capping exigente.

Sin embargo, la idea de eliminar la ayuda a la renta a las explotaciones muy pequeñas, que no son ni pueden ser viables económicamente, y a las explotaciones grandes que son ya muy rentables, y por tanto no necesitan la ayuda a la renta, así como destinar menos presupuesto a ayudas directas por hectárea y más a incentivos para servicios ambientales e inversiones en innovación y modernización, deberían inspirar la PAC post 2027.

También se puede debatir si, en lugar o además de la focalización de la ayuda a la renta, sería conveniente plantear que la ayuda fuese degresiva, de forma que su cuantía disminuyese cada año hasta su desaparición al final del período de la próxima reforma de la PAC

Los cambios propuestos serían positivos para mejorar la eficiencia y competitividad del sector agroalimentario, preservar el medioambiente y mitigar el cambio climático. Al mismo tiempo, también sería positivo de cara a la adhesión de Ucrania en la UE ya que las grandes explotaciones, que suponen una parte importante de las explotaciones agrarias de Ucrania, no percibirían la ayuda a la renta que es la más importante, aunque sí podrían percibir ayudas agroambientales y ayudas a la inversión e innovación.

La guerra comercial de la actual Administración de EEUU puede provocar impactos negativos en el sector agroalimentario europeo y español, a los que habrá que hacer frente mediante ayudas específicas para los sectores y productos más afectados, pero con presupuestos comunitarios y nacionales fuera de la PAC.

Por tanto, la actual guerra comercial no debilita, sino que refuerza la necesidad de los cambios propuestos en esta nota.

Por un lado, el sector agrario debe mejorar su competitividad internacional, para hacer frente a los aranceles de la Administración Trump; y, por otro lado, el presupuesto de la PAC quizás deberá congelarse o incluso reducirse en términos nominales para atender a otras necesidades de la UE en un escenario geopolítico muy difícil e incierto.

Javier García Rigol