Tras el apagón, las energías renovables han vuelto al centro del debate político. Yo, como no sé nada de lo que tan gallardamente discuten mucho, no voy a intervenir en el debate del apagón. Como científico, esperaré a que se conozcan los datos para hacerme una opinión al respecto; y quizás, pero no estoy nada seguro, comunicarla públicamente, si ello puede tener algún interés.

Energías renovables sí…

Sí estoy convencido de que las energías renovables forman parte de la solución, que son una pieza indispensable de toda estrategia de mitigación del —y adaptación al— cambio climático, y que la descarbonización de la economía pasa por un proceso de sustitución, electrificando, de las energías fósiles.

De acuerdo con la teoría de las ventajas comparativas que nos enseñaron en los primeros cursos de Economía, España tiene tierra, viento y sol, y debe transformarlos en activos para el desarrollo sostenible. Una electricidad barata es una buena base para la necesaria, deseada y proclamada reindustrialización del continente y de la península.

Por lo tanto, mi punto de vista, y esta entradilla, parten claramente del “energías renovables sí”.

El despliegue de las renovables

En junio de 2024, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicó un análisis de la extensión de los parques fotovoltaicos en España, en el que se señala que este tipo de instalaciones energéticas ocupan en España "una superficie equivalente al 0,2 % de la superficie agraria útil, lo que equivale a unas 50.000 hectáreas".

El mismo documento indica también que “los [entonces] futuros proyectos de grandes instalaciones fotovoltaicas [>50 MW], que en enero de 2023 el MITERD evalúo positivamente, suponían unas 50.000 hectáreas adicionales a las ya existentes, con lo que, si finalmente se ejecutan la totalidad de proyectos evaluados, la superficie instalada rondaría las 100.000 ha”.

El documento también nos permite saber qué se cultiva antes en estas hectáreas cubiertas por paneles solares:

“Las 23.095 nuevas hectáreas de paneles solares detectadas en ese periodo provienen en un 82 % de tierras de secano (18.905 ha), un 11 % de regadío (2.449 ha) y un 7 % de forestal y no agrario. Los cultivos que han sido desplazados por la instalación de parques fotovoltaicos son fundamentalmente tierras de cereal, barbecho, girasol y olivar”.

No he encontrado datos tan precisos en el caso de los parques eólicos. Según la Asociación Empresarial Eólica, “en el año 2022 había 22.042 aerogeneradores y sus infraestructuras ocupan solo el 0,017 % de la superficie total española”.

Como España tiene una superficie total de 505.990 km², estaríamos hablando de unas 86.000 ha. Deepseek da, en cambio, la cifra de 150.000 ha, sin indicar la fuente. Pero señala que “es importante destacar que solo un 1-2 % de esa superficie es ocupada físicamente por las turbinas y las infraestructuras asociadas. El resto del terreno puede seguir utilizándose para actividades como la agricultura o la ganadería”.

Los objetivos que se ha marcado el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2023-2030) son tener 62 GW de eólica y 76,4 GW de fotovoltaica en 2030. Según cifras que he recogido del informe “Instalación de energías renovables en el Sistema Eléctrico Peninsular”, de Ecologistas en Acción (abril de 2025):

“En marzo de 2025 hay 31,7 GW de eólica en servicio, 32,4 GW con el permiso de acceso concedido y 15 GW con el permiso de acceso solicitado, lo que hace un total de 78,9 GW, un 27,2 % más que el objetivo. En el caso de la fotovoltaica los números son mucho más abultados, pues cuenta con 27,6 GW en servicio, 91,4 GW con permisos de acceso concedidos y 22,4 GW con permisos de acceso solicitados. Entre la potencia en servicio y la que tiene permiso de acceso concedido suman 119 GW, un 56 % más que el objetivo del PNIEC, y si se suma la potencia con permisos de acceso solicitados el total es de 141,4 GW, un 85 % más que el objetivo”.

Este crecimiento de las energías renovables, que lógicamente se realiza en el territorio rural, ha levantado —como no podía ser de otra manera— resistencias y oposiciones, y ha entrado —desgraciadamente— en el campo de la confrontación política.

Energías renovables sí, pero no así

Vamos a abordar aquí dos tipos de criticas que nos parecen tener fundamento, y que podríamos reagrupar bajo este epígrafe de “Energías renovables sí, pero no así”: el protagonismo de las grandes inversiones y la falta de planificación territorial.

El documento ya mencionado de Ecologistas en Acción destaca el "sobredimensionamiento de proyectos” que llevaría a “posibles impactos ecológicos (debidos fundamentalmente a los efectos sinérgicos de los proyectos próximos), así como efectos sociales, sobre el paisaje y sobre la economía de algunas poblaciones, debido a la saturación de proyectos en algunos municipios”.

Otro de los argumentos presentados son “los efectos sobre el sistema eléctrico como son la saturación de algunos nudos, el desplome de precios en las horas de mayor generación, o la necesidad cada vez más habitual de parar o limitar la generación de energía renovable, debido a que la generación se sitúa por encima del consumo”.

Desde mi elevado nivel de incompetencia en este tema, no me parecen problemas que técnica y tecnológicamente no se puedan resolver con una buena capacidad de almacenamiento, como acontece en la Australia meridional.

Mi intuición me lleva a pensar que estas energías descentralizadas son una gran oportunidad, primero para un sector como el agrario y un mundo como el rural en los que las necesidades son también descentralizadas. Pero también es verdad que, si pensamos en términos de reindustrialización, grandes centros productores tienen sentido.

La segunda critica, que enlaza con la anterior, es la falta de planificación territorial. Ya asistíamos antes a la división administrativa de grandes proyectos en proyectos más pequeños para eludir —o, al menos, limitar— las obligaciones legales inherentes a estas inversiones.

Pero, como lamenta, ciertamente interesadamente, la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental:

“El Real Decreto Ley 20/2022 por el que se adoptan medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad [...] promueve el desmantelamiento temporal del entramado jurídico-normativo que representa la Evaluación Ambiental como instrumento de protección ambiental y social, eliminando las herramientas de salvaguarda de que se disponía para conseguir que los proyectos de energías renovables se aprobaran con unas mínimas garantías de protección y sostenibilidad”.

El ejemplo francés

En 2023 se aprobó la Ley francesa de aceleración de la producción de energías renovables, que se basa en cuatro ejes: planificar las energías renovables, simplificar los trámites, movilizar terrenos ya artificializados para desplegar energías renovables y repartir mejor el valor generado por estas energías.

Nos vamos a detener en los aspectos de planificación y movilización de suelos. La ley establece un dispositivo de planificación territorial de las energías renovables para facilitar la aprobación local de proyectos y asegurar su mejor equilibrio en los territorios. El Estado proporcionará a las autoridades locales la información disponible sobre el potencial para la instalación de energías renovables en sus territorios, y los municipios deberán entonces identificar las zonas de aceleración favorables a la recepción de las instalaciones. Tras la consulta en el comité regional de energía, se aceptarán las áreas identificadas, o de lo contrario los referentes de las prefecturas deberán solicitar a los municipios que identifiquen nuevas áreas.

En cuanto a la movilización del suelo, me gustaría destacar tres aspectos. El primero es que se facilita la instalación de paneles solares en terrenos a lo largo de carreteras y autopistas —por ejemplo, zonas de descanso— y vías férreas y fluviales y aparcamientos exteriores existentes de más de 1.500 m². Estos parkings deberán estar equipados con paneles solares en al menos la mitad de su superficie (salvo excepciones).

El segundo se refiere a los edificios. En edificios no residenciales nuevos o rehabilitados (almacenes, hospitales, escuelas, etc.), la cobertura mínima de los techos solares aumentará gradualmente del 30 % en 2023 al 50 % en 2027. Esta obligación se extenderá desde 2028 a los edificios no residenciales existentes.

En cuanto a la instalación de paneles solares en tierras agrícolas, las instalaciones agrovoltaicas (en cobertizos, invernaderos, etc.) deben permitir crear, mantener o desarrollar la producción agrícola, que debe seguir siendo la actividad principal, y debe ser reversible. Pero lo más importante para nuestro propósito de hoy es que las estructuras solares en el suelo están prohibidas en la tierra cultivable. Solo se permitirán en terrenos baldíos o no explotados durante algún tiempo. En las zonas forestales se prohíben las instalaciones solares cuando requieran la tala de árboles.

La necesaria visión del futuro del territorio

En vez de descubrir cada poco el Mediterráneo, me gusta ver cómo abordan otros —y más nuestros vecinos—, sus problemas, sobre todo cuando son también los nuestros. Es increíble lo que se aprende cuando miramos sin ojeras a nuestro alrededor y escuchamos a los demás.

La primera enseñanza es la importancia construir con los actores locales una visión del territorio, en donde quiere vivir ellos y sus hijos dentro de 10 o 15 años, visión que para ser realista ha de ser compatible con las prioridades estratégicas del país. No se trata de decir “NO” a las renovables, sino de consensuar “CÓMO” y “DÓNDE”.

Sobre el “CÓMO”, se pueden concebir en muchos casos instalaciones solares compatibles con la actividad agraria y ganadera, e incluso provechosamente. Podemos hablar de que los paneles pueden reducir el estrés hídrico de ciertos cultivos; en vid, limitar el sol que llegue a las plantas para reducir el contenido en azúcar de la uva y, por lo tanto, evitar grados alcohólicos demasiado elevados en el vino; proteger contra granizo o viento si los paneles están elevados o servir de refugio para animales cuando los paneles proporcionan sombra y alivio del calor para ganado como ovejas o cabras. Pero para ello hay que concebir la instalación, desde el inicio del proyecto, en diálogo con los restantes usuarios del territorio.

Sobre el “DÓNDE”, en el marco de este diálogo, también entra la posible prohibición de las estructuras solares en el suelo agrícola, adaptando lógicamente la excepción prevista en Francia a las realidades de los distintos territorios del Estado español.

Y queda el “CUÁNDO”. En las actuales circunstancias, con la urgencia climática que vivimos, tiene sentido recuperar la famosa rase asignada a Napoleón: “Vísteme despacio que tengo prisa”. Una moratoria para iniciar este diálogo social, local y territorial, cobra a mi juicio todo su sentido.

Marisa Arias