El Consejo Asesor Agrario y la interlocución social

El pasado 2 de junio se constituyó un nuevo Consejo Asesor Agrario, y eso es una buena noticia. Consolida el carácter institucional de las relaciones del MAPA con las organizaciones más representativas de la agricultura española (ASAJA, COAG, UPA y UdU), siguiendo el modelo existente en la UE y en otros países de nuestro entorno. Aunque en realidad dicho Consejo está en vigor desde 2009, era preciso renovarlo para reflejar en su composición los cambios ocurridos desde entonces en materia de representatividad agraria.

Algunos apuntes sobre la interlocución social

La interlocución social está en la esencia de los sistemas democráticos por dos razones. En primer lugar, porque posibilita trasladar al poder público las demandas y reivindicaciones de los distintos grupos de interés a través de las asociaciones que los representan; y en segundo lugar, porque convierte a estas asociaciones en vías por donde canalizar sobre el terreno la aplicación de las diversas políticas públicas. 

La interlocución genera un flujo de relaciones en una doble dirección: bottom-up (de abajo-arriba, desde la sociedad civil hacia los centros públicos de decisión) y top-down (de arriba-abajo, desde el ámbito público a la ciudadanía).

Ya a mediados del siglo XIX, Alexis de Tocqueville, en su viaje a EEUU plasmado en el libro La democracia en América (1835), destacaba la importancia que tiene para el buen funcionamiento de la democracia la existencia de grupos de intereses organizados en torno a entidades asociativas, valorando su papel como interlocutores. 

Decía el pensador y político francés que una democracia robusta debe basarse no solo en la separación de poderes (judicial, legislativo y ejecutivo), sino también en la adecuada interacción entre el poder público y los grupos intermedios de la sociedad civil, de tal modo que dé lugar a una cultura cooperadora y a eficientes sistemas de gobernanza.

La interlocución puede darse de una manera informal mediante encuentros puntuales según lo demande la realidad social y política, o bien mediante la constitución de instancias formales y regladas en las que participen las organizaciones más representativas. En el caso de políticas públicas complejas por la diversidad del sector al que van destinadas, la existencia de asociaciones que vertebren intereses ya de por sí dispersos y heterogéneos es aún más relevante por cuanto son vías para agregar las variadas preferencias de sus bases sociales en programas reivindicativos claros y precisos, y para colaborar con el poder público en la aplicación de dichas políticas.

Ello explica que, en este tipo de sectores, se opte por procesos de interlocución más formales e institucionalizados. Es lo que ocurre con la agricultura y la política agraria, donde la presencia de las organizaciones de tipo sindical (OPA) es un modo de agregar las diversas demandas y preferencias de los agricultores en torno a reivindicaciones concretas, que son planteadas a los poderes públicas por dichas asociaciones en las instancias de concertación e interlocución. Es lo que en algunos países, como Francia, se denomina cogestion, eje fundamental de la política agraria francesa.

La UE es también buen ejemplo de ello, y las OPA han sido durante mucho tiempo interlocutores privilegiados ante la Comisión Europea en los procesos de formulación de la PAC y en su posterior implementación. El COPA (para las OPA) y el COGECA (para las federaciones de cooperativas) son las entidades que representan a nivel de la UE los intereses de la agricultura europea, teniendo una participación muy activa en la casi veintena de “comités consultivos agrarios” que vehiculan la interlocución social en todo lo relativo a la PAC.

Más recientemente, la creación del Consejo Europeo de la Agricultura y la Alimentación ha ampliado el panorama de la representación con una visión de cadena alimentaria, incluyendo a entidades asociativas que representan al conjunto del sector agroalimentario y no solo al de la producción agraria.

La renovación del Consejo Asesor Agrario

En el caso español, la interlocución con el sector de la producción agrícola y ganadera viene realizándose, a nivel nacional, en el marco del Consejo Asesor Agrario, constituido, como he señalado, en el año 2009. Existen también instancias de ámbito regional (a iniciativa de los gobiernos de las comunidades autónomas), e incluso provincial y local (en el seno de las diputaciones y ayuntamientos), donde participan las organizaciones más representativas del sector agrario en esas escalas territoriales.

Hasta 2009, las relaciones entre el MAPA y las OPA se hacían de modo informal, no existiendo ninguna instancia de interlocución de ámbito nacional. A partir de su constitución, el citado Consejo ha sido durante 15 años la instancia que ha canalizado la interlocución social en el campo español, formando parte del mismo ASAJA, COAG y UPA como organizaciones más representativas (sobre el debate en torno a la representatividad, puede verse mi artículo publicado hace un año en este mismo blog). 

La Ley 01/2025 de 1 de abril, para la Prevención de Pérdidas y el Desperdicio de Alimentos, incluye la disposición adicional sexta en la que se reforma la anterior normativa reguladora de la representatividad agraria (vigente desde 2014, pero no desarrollada desde entonces). Como resultado de aplicar la nueva normativa, se reconoce la representatividad de una cuarta organización, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos (UdU), que es fruto de una escisión de COAG. En el marco de esa reforma, el MAPA ha reconocido como interlocutor a este sindicato, que tiene una presencia significativa en la agricultura española y cuya existencia no podía ser ignorada.

De ese modo, el pasado 2 de junio se constituyó un nuevo Consejo Asesor Agrario, presidido por el ministro de Agricultura. Está formado por ocho miembros en representación del MAPA, y otros ocho en representación del sector agrario, a razón de dos por cada una de las cuatro OPA reconocidas como interlocutores: las tres que ya formaban parte del mismo (ASAJA, COAG y UPA) y UdU, que, como he señalado, se incorpora al marco de la interlocución social.

Se clarifica así el panorama sindical de la agricultura española, y eso es bueno por cuanto el actual Consejo refleja de manera fehaciente los cambios producidos en la realidad sindical de nuestro sector agrario. De no haberlo hecho se hubiera prolongado una situación anómala que en nada habría beneficiado a la necesaria interlocución entre el MAPA y las organizaciones que representan los intereses de los agricultores.

Me parece razonable que la nueva normativa, en vez de optar por el criterio de convocar elecciones agrarias en todo el territorio nacional (con la complejidad técnica que ello supondría en cuanto al censo de electores en un sector tan heterogéneo como el agrario), haya optado por un sistema que toma como referencia la implantación de las OPA en al menos siete comunidades autónomas (ya sea teniendo en cuenta los resultados en elecciones allí donde se hubieran celebrado o mediante cualquier otro criterio establecido por la comunidad autónoma correspondiente).

Asimismo, y para evitar el riesgo de fosilización que suele darse en este tipo de instancias de interlocución, el Consejo Asesor Agrario estará siempre sometido a los cambios futuros que se produzcan en la vertebración de la agricultura española. Por ello, la normativa recientemente aprobada fija en cinco años el periodo de vigencia de la representatividad de las OPA, lo que abre la posibilidad de que la composición del Consejo Asesor Agrario sea revisada cada cierto tiempo.

En definitiva, el nuevo Consejo Asesor Agrario crea un marco real de interlocución social donde dirimir los problemas y los grandes retos de nuestra agricultura. Se da un paso más en esa cultura de cooperación que tanto valoraba Tocqueville entre el poder público y la sociedad civil y que permite canalizar las demandas de un sector tan complejo como el agrario a través de la negociación y el diálogo. 

Y ello sin menoscabo de la libertad de cada OPA de emprender las acciones que estime más oportunas para la defensa de los intereses de los agricultores.