La futura Ley de la Agricultura Familiar merece reflexión

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha puesto en marcha el desarrollo de una futura Ley de Agricultura Familiar, cuyo objetivo declarado es reconocer, proteger y fortalecer este modelo productivo. 

La futura ley pretende actualizar la legislación vigente en materia de explotaciones familiares, especialmente la Ley 19/1995 de Modernización de Explotaciones Agrarias, que quedó obsoleta ante los cambios sociales y productivos de las últimas décadas.

Su objetivo principal sería afianzar la agricultura familiar como un modelo estratégico para el país: más cohesión territorial, producción sostenible, arraigo social y resiliencia con respecto a grandes modelos industriales o especulativos.

Para ello, la ley se construirá sobre varios ejes: 

• El acceso a la tierra y a la titularidad
• La priorización en ayudas públicas
• La modernización y digitalización
• La transición agroecológica
• El relevo generacional
• La igualdad de género
• Y la adecuación del marco jurídico, especialmente en materia de arrendamientos

¿El mito de la agricultura familiar hoy en España?

Cajamar acaba de publicar un magnífico estudio sobre Sector agroalimentario y trabajo: una relación en transformación, en el que Alicia Langreo Navarro y yo concluimos al final de nuestro capítulo sobre “La relación entre el trabajo y las estructuras productivas en el sector agrario: el trabajo como factor explicativo de las economías de escala”, entre otros, que:

“El pequeño número de explotaciones con titular persona física que cuenta con ayudas familiares y la baja y decreciente dedicación de estas al sector agrario nos lleva a cuestionar el propio concepto que la política agraria y la Academia tienen de la explotación familiar agraria. Hoy debe más bien entenderse como un colectivo de autónomos, con o sin asalariados y con cada vez más escasas ayudas familiares, muy probablemente temporales”.

Y seguíamos afirmando que: 

“En la actualidad el trabajo familiar aporta, según el Censo Agrario, algo más de la mitad del volumen de trabajo, pero está creciendo significativamente el trabajo asalariado y el subcontratado. Estamos convencidos que el Censo sobrevalora el trabajo familiar. Dentro del trabajo asalariado, la inmigración y los hijos de inmigrantes nacidos en España suponen un porcentaje significativo y creciente”.

En las conclusiones del libro, los coordinadores de la obra, Dionisio Ortiz Miranda y Ignacio Atance Muñiz, no dudan en afirmar que: 

“El trabajo agrario ha ido perdiendo gradualmente su carácter familiar. La clara disminución de la participación de otros miembros de la familia lleva a una creciente individualización del trabajo familiar, que queda cada vez más exclusivamente en manos del titular de la explotación. Los miembros de la familia agraria reducen su vinculación con la explotación, orientándose de forma mayoritaria hacia otros sectores —y, con frecuencia hacia otros territorios—”.

La agricultura familiar ya no constituye el núcleo del sistema agrario español. Ya no representa la mayoría de las explotaciones del país, no sostiene buena parte de la producción alimentaria y no vertebra amplias zonas rurales. 

La agricultura familiar ya no constituye el núcleo del sistema agrario español: no representa la mayoría de explotaciones ni vertebra las zonas rurales

¿Tienen sentido entonces una ley de la agricultura familiar?

El nombre de la futura ley parece, por lo tanto, poco afortunado. Responde más a una tradición e ilusión que a una realidad; aunque presenta una clara ventaja en cuanto a comunicación se refiere, y vivimos en un mundo en el que la comunicación es cada vez más importante.

Porque, si el nombre es poco afortunado hoy desde el punto de vista del rigor académico y científico, estamos convencidos que su utilidad y necesidad es grande. 

El nombre de la futura ley responde más a una tradición y una ilusión que a una realidad, aunque su utilidad y necesidad es grande

En estas misma web de Plataforma Tierra se ha generado un interesante debate sobre el devenir de lo que yo no he dudado —de nuevo la comunicación es importante— en llamar la clase media del campo. 

Me estoy refiriendo a contribuciones, entre otros, de José Maria Sumpsi sobre la focalización de las ayudas de la PAC; de Ignacio Atance Muñiz sobre —entre otros— cuántos agricultores hay en España; o de Francesc Reguant sobre “Las subvenciones agrícolas como herramienta de equilibrio y estímulo”.

Todo esto gira en torno a uno de los nuevos mantras que está muy presente en los documentos europeos: el que “las ayudas deben ir realmente a quién las necesitan”, dejando para el debate comunitario, pero sobre todo nacional, la respuesta a la pregunta básica y primaria: "¿quiénes son estos agricultores que las necesitan?".

La pista para responder a esta pregunta nos la da justamente Kislev y Peterson (1991) cuando mencionan la importancia de los cambios estructurales. Junto con Almudena Gómez Ramos (2024) ya señalábamos en el Anuario de la UPA que: 

“La revolución tecnológica que estamos viviendo está disparando las economías de escala. La revisión realizada de los datos de la Red Contable Agraria Nacional […] desde el año 2018 hasta 2021 demuestra una mejora constante en las rentas generadas en las explotaciones de mayor dimensión económica (mayores de 500 UDE), y un creciente distanciamiento de la evolución registradas en las explotaciones agrarias medianas y pequeñas”.

La podemos llamar "agricultura familiar", la podemos identificar como la "clase media del campo”, en realidad poco importa. El tema central es que tiene sentido ayudar a las explotaciones comerciales y profesionales de talla pequeña y mediana a participar de la agricultura 4.0 que ya está aquí, para acompañarlas en la necesaria transición agroecológica que ya ha empezado.

La revolución tecnológica está disparando las economías de escala y aumentando la distancia entre las grandes explotaciones y las medianas y pequeñas

¿Que podría (¿debería?) promover la nueva ley?

No estamos en el secreto de los dioses, ni de los decidores políticos del campo. Circulan distintos borradores de los cuales hemos tenido noticias por la prensa especializada, que hay que decir que trabaja mucho y bien. Por esto, las líneas que siguen le podrán parecer a algunos evidencias y a otros que ya están recogidas en los distintos borradores. Les pido a todos ellos perdón.

Uno de los puntos más destacados habría de ser la creación de criterios claros para priorizar el acceso a ayudas públicas —nacionales y europeas— a estas ayudas familiares. En lo que se refiere a las ayudas europeas, ya hemos hecho algunas propuestas en otros artículos; para las ayudas nacionales y autonómicas, en el futuro marco presupuestario restrictivo que nos espera estos próximos años, estaríamos hablando de prioridad en la conexión de las ayudas, e incluso de exclusividad.

El acceso a la tierra es uno de los mayores problemas. En Francia existen las SAFER (Sociétés d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural, 'Sociedades de Ordenamiento de la Tierra y de Instalación Rural'). Son entidades privadas que desempeñan misiones de interés público para regular el mercado de tierras rurales, proteger la agricultura y facilitar la instalación de agricultores. 

Estas sociedades actúan como reguladores del mercado de tierras, previniendo la concentración excesiva y asegurando que las tierras agrícolas se utilicen para su fin principal, con funciones como el derecho de tanteo en las ventas de terrenos.

No lo resuelven todo, ni mucho menos. De hecho, su gestión y eficacia actual está sometida a fuertes críticas, pero tienen el gran mérito de existir, de aportar más transparencia en el mercado de tierras y de priorizar —en el marco de lo posible— a las explotaciones profesionales medianas. 

Es seguramente soñar con demasiadas ambiciones en las actuales circunstancias políticas el pensar en unas SAFER españolas, pero algo se debería hacer al menos mediante bancos públicos de tierra y mecanismos para movilizar tierras infrautilizadas. 

El papel de las mujeres en muchos sectores de la economía ha sido históricamente reducido en los hechos y mucho más en las percepciones. El campo, antes al contrario, no ha sido la excepción. 

De hecho, Dionisio Ortiz, en su presentación del estudio de Cajamar antes mencionado durante la feria SAGRIS, insistió en que emergía como elemento transversal a lo largo de todos los capítulos del libro.

La nueva ley podría profundizar en el proceso ya iniciado de fomento de la titularidad compartida, el favorecer la presencia de mujeres en órganos de decisión y el mejorar el reconocimiento económico y jurídico de su trabajo. Para esto último, el primer eslabón sería mejorar la disponibilidad de datos estadísticos.

Ya hemos mencionado la agricultura 4.0, la transición agroecológica y las economías de escala de las que, de manera creciente, disfrutan las grandes explotaciones. La ley de podría plantear un acompañamiento especifico y prioritario para la formación y la transformación digital y el apoyo al conocimiento y utilización de las tecnologías verdes. Para ello, el impulso a la cooperación sería clave para hacer posible lo necesario.

Podemos llamarla agricultura familiar o clase media del campo; lo importante es ayudar a las explotaciones profesionales pequeñas y medianas a participar de la agricultura 4.0

Por último, pero no menos importante, la ley debería tener un capítulo fiscal. No se debería tratar solo de temas “clásicos” como los incentivos a la transmisión de explotaciones, los beneficios para inversiones en sostenibilidad y medidas para el relevo generacional. 

Un objetivo fiscal importante a mi juicio para el campo es el avanzar poco a poco hacia la reducción de la importancia de la tributación por módulos para pasar a cuentas reales, muchas veces más favorable económicamente al final para el agricultor. Ello evidentemente requiere un acompañamiento específico.  

Una montaña de obstáculos

El Ministerio ha recogido ya decenas de aportaciones a través de la consulta pública previa, y se ha comprometido a acelerar la redacción del texto. Pero la enumeración de temas planteados en el apartado anterior basta para explicar que el camino está lleno de obstáculos, que se vienen a sumar a las incertidumbres políticas que vivimos hoy y a lo incierto de una posible mayoría suficiente en las Cortes.

Un tema como este debería poder ser objeto de una amplia convergencia entre la gente de buena voluntad, que se encuentran en muchas formaciones políticas. Pero la necesidad de apuntarse tanto de los unos, de evitar que lo hagan los otros, la necesidad de definir tu propio perfil en un ambiente de competición electoral en horizonte incierto, enmascaran la existente voluntad de muchos de querer resolver los problemas, de la ciudadanía en general y del campo en particular.

Estos empiezan por el necesario acuerdo entre distintos ministerios, celosos siempre de sus propias competencias. A esto le debemos añadir la distribución de competencias entre la Administración central y las autonómicas. Las mismas tensiones interministeriales se reproducen entre las consejerías en el ámbito regional. 

Todo este proceso se ha de desarrollar en diálogo continuo con las organizaciones profesionales agrarias, los sindicatos de trabajadores, las organizaciones de mujeres rurales.

Podríamos terminar entonces con una pregunta al Hermano Lobo, ahora que festejamos el 50 Aniversario de la muerte del dictador. En vez de la pregunta tradicional ("¿Cuándo desaparecerá la censura cinematográfica?"), podríamos preguntar: "¿Cuándo se presentará la mal llamada ley de la agricultura familiar?".

La respuesta podría ser la misma, la de siempre: "El año que viene, si Dios quiere".