En los últimos meses, en gran medida impulsado por el malestar y las protestas agrarias, el concepto de 'cláusulas espejo' se ha convertido en jerga ya acuñada en el sector agrario.

En principio, es una evolución del concepto previo de reciprocidad en las relaciones comerciales. Podemos definirlo como la introducción en los acuerdos comerciales de requisitos que aseguren que en la UE solo puedan comercializarse productos que hayan sido sometidos a los mismos requisitos productivos que los europeos.

Por ello, el pasado 22 de abril, Cajamar, a través de Plataforma Tierra, planteaba un debate sobre la materia en forma de webinario.

Consciente de la complejidad del asunto y de los numerosos ángulos desde el que se puede contemplar, el webinario contó con 4 panelistas tan capacitados como complementarios:

Tomás García Azcárate, vicedirector del Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD-CCHS)
Gabriel Trenzado Falcón, director general de Cooperativas Agro-alimentarias España
Javier Sierra Andrés, consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación ante la ONU y la OMC
Y David del Pino Rodríguez, socio director en Freshtrategy SL

En este enlace puedes acceder a la grabación del encuentro online:

https://www.plataformatierra.es/formacion/son-las-clausulas-espejo-la-solucion-a-los-problemas-del-sector-agrario

Si los productores europeos han salido a la calle alegando sentirse asfixiados por estos requisitos, de entrada, es coherente y comprensible que las cláusulas espejo sean reclamadas.

Como indicaba Gabriel Trenzado, de manera inobjetable, al productor europeo, en la PAC actual, se le está exigiendo más con el mismo dinero.

Tampoco es objetable que la reciprocidad demanda no existe: el consumidor europeo puede acceder a productos importados que, por poner un ejemplo, se han producido sin tener en cuenta determinadas normas de bienestar animal, o respeto a las rotaciones de cultivo o condiciones laborales de los empleados.

Además, los sucesivos fracasos en las rondas negociadoras de la OMC han llevado a un fuerte incremento de los acuerdos regionales y bilaterales de comercio por parte de la UE.

El sector reclama que la Comisión estudie en profundidad las consecuencias acumuladas de todos estos acuerdos. Los estudios presentados siempre son insuficientes.

Sí sabemos que el saldo comercial exterior agroalimentario de la UE no ha dejado de crecer. Pero también que lo han hecho las importaciones, sin duda respondiendo a un consumidor europeo que demanda de todo en todo momento.

Un balance global comercial positivo siempre enmascara la coexistencia de ganadores y perdedores; de ahí ese reclamo de estudios también cualitativos.

Expuesta la situación, el debate permitió realizar el ejercicio de responder a la pregunta de: ¿se podrían poner en marcha estas cláusulas? El ejercicio fue una concatenación de motivos para concluir que no.

En primer lugar, Tomás García Azcárate puso de manifiesto que ni siquiera tendríamos unanimidad en el seno de la UE: la posición de los Estados es diferente en función de que seamos productores o importadores de alimentos, según cómo afecte a nuestros socios o aliados exteriores; de hecho, ni siquiera partimos de plena igualdad de condiciones en seno de los 27 (valgan como ejemplo los salarios mínimos), y argumentos esgrimidos hacia el exterior se podrían emplear en el interior.

Además, recordemos ese saldo neto exportador de la UE: no dejaríamos de estar tratando de proteger nuestro mercado de un “resto del mundo” que agregadamente nos vende menos que lo que nosotros los vendemos.

A todo ello hay que añadir la existencia de requisitos productivos que sencillamente no resultan controlables sobre el producto importado.

Para los países que se vieran sometidos a estas cláusulas, la cuestión no sería pacífica, como indicaba Javier Sierra. En algunos casos, se parte incluso de principios, de planteamientos que no son compartidos. En otros se cuestiona la legitimidad de la UE, pues nuestros requisitos van acompañados de un apoyo al productor que no existe en gran parte del exterior.

Un matiz de largo plazo era subrayado por David del Pino: quizá las cláusulas puedan proteger a corto plazo el mercado europeo, pero a largo conseguirán que determinados productores exteriores las satisfagan, convirtiéndose en “campeones regionales”, con ventaja competitiva en el acceso a un mercado restringido, generando problemas de supervivencia tanto para otros productores exteriores como para los productores europeos.

¿Qué se puede hacer entonces? En general se produjo un consenso en que hay mayor capacidad de aplicar la legislación que ya tenemos, en hacerla cumplir.

Se han dado ejemplos sectoriales recientes. Gabriel Trenzado apuntó que el realismo pasa inevitablemente por separar lo que son aspectos puramente comerciales de los que tienen sólida base sanitaria o fitosanitaria, aspecto de importancia creciente en un contexto de cambio climático.

En segundo lugar, avanzar de manera inclusiva en aquellas prácticas que nos hacen más resilientes, prácticas que son percibidas como requisitos de sostenibilidad ambiental, pero que no dejan de ser vías de asegurar que podamos seguir produciendo en las próximas décadas porque hemos gestionado mejor los recursos naturales, evitado su contaminación, nos hemos preparado a su escasez o variabilidad, etc.

La palabra “inclusiva” trata de reflejar la preocupación generalizada porque la velocidad o la inflexibilidad de las políticas deje fuera a muchas explotaciones, especialmente a las de menor dimensión, con menor capacidad de adaptación y de adopción.

En este sentido, Javier Sierra recordó que sin rentabilidad no hay sostenibilidad; y Tomás García Azcárate requirió que la política agraria preste más atención a la adopción y la adaptación al nuevo contexto que al mero mantenimiento de rentas.

Y se reconoció, que el mercado, en general, aunque no necesariamente trasladado al precio, reconoce una calidad diferencial del producto europeo, aunque sea por algo tan evidente como apuntaba David del Pino: todo comprador trata de evitar riesgos reputacionales.

Finalmente, también existió consenso en la necesidad de contar con una estrategia alimentaria europea. Estrategia que debe partir de la importancia de generar valor en la cadena de producción europea, de ser coherente entre políticas agrarias, comerciales y medioambientales y de reconocer que el hecho de que en el pasado nuestro sistema agroalimentario se haya guiado principalmente por el objetivo de ofrecer productos muy asequibles y abundantes al productor europeo ha debilitado, cuando no destruido, el tejido productivo local.

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