Arden nuestros bosques

Los bosques españoles arden en este mes tórrido de agosto. En solo dos semanas ha aumentado la superficie quemada hasta superar las 400.000 ha, cifra que probablemente se incrementará en los próximos días hasta llegar a niveles pocas veces alcanzados en nuestro país. 

Estremece ver los campos y casas ardiendo, y conmueve la ira e impotencia de los vecinos ante un drama de dimensiones nunca conocidas hasta ahora, y que ya ha causado la muerte de cuatro personas.

Ni la UME (Unidad Militar de Emergencias) ni las brigadas del MITECO (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) ni los trabajadores de los servicios de extinción que dependen de las comunidades autónomas pueden frenar el avance incontrolable del fuego, a pesar de su denodado esfuerzo y de una dedicación y empeño sin límite, y del apoyo de otros países de la UE. 

Es un fenómeno natural de una fuerza que nunca se había visto antes, con fuegos que se retroalimentan y que se elevan a alturas insospechadas, dando lugar a lo que llaman los especialistas incendios de sexta generación.

Numerosos expertos han dado su opinión sobre el tema, y han hecho un juicio de la situación lo suficientemente completo como para tener un buen diagnóstico sobre lo que está sucediendo y sobre las medidas que debieran adoptarse para que no vuelvan a repetirse catástrofes de esta magnitud.

Comentaré aquí algunas de las que considero mejor argumentadas desde el punto de vista científico; pues otras, como demonizar la PAC o la Agenda 2030 sin base que las sostenga, me parece que entran más en el terreno de la ideología que de la ciencia.

Algunas propuestas y su viabilidad

Se menciona el prolongado periodo de temperaturas extremas, fuerte viento y baja humedad (asociado al fenómeno del calentamiento global o cambio climático). Pero no se le cita como causa directa, sino como uno de los factores, entre otros, que contribuyen a hacer más virulentos y expansivos los incendios forestales una vez que se ha producido la ignición por los motivos que sean. 

Por ello, los expertos afirman que no puede hacerse una asociación simplista entre, de un lado, el evidente cambio climático y, de otro, los incendios forestales que estamos viviendo, como si estos fueran el resultado inevitable de aquel, o como si disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero el fuego no quemaría nuestros bosques. 

El cambio climático existe, pero las causas de la expansión y virulencia de los incendios forestales son más complejas y están, sobre todo, en otros factores, entre ellos la deficiente gestión de nuestros bosques.

Además de insistir en la necesidad de seguir utilizando todos los medios disponibles (hidroaviones, camiones cisterna, bulldozers, palas excavadoras, sierras mecánicas…) y de utilizar las nuevas tecnologías para la detección y monitorización del fuego (drones, sistemas de GPS, control remoto…), los expertos concentran su atención en las medidas preventivas, sobre todo las asociadas a aquellas causas que favorecen el desarrollo y expansión de los incendios forestales y pueden ser controladas o neutralizadas de algún modo por la acción humana y por las políticas públicas.

Se habla, por ejemplo, de la necesidad de frenar el despoblamiento de las áreas rurales, por considerar que el abandono de estos territorios, con la consiguiente acumulación de biomasa, es una de las causas de la rápida propagación de los incendios. 

Se comenta también la necesidad de implicar a las comunidades locales en la gestión y conservación de los espacios forestales allí donde aún hay suficiente población, recuperando las prácticas tradicionales de relación con el monte. En este sentido, se propone potenciar la utilización de la biomasa como energía en los hogares.

También se habla de reactivar la ganadería extensiva y el pastoreo, por cuanto se considera que son el mejor modo de reducir la enorme carga de combustible vegetal que se acumula en nuestros espacios forestales. En esta línea se demanda un mejor trato de la ganadería extensiva en los programas de ayudas de la PAC y una más adecuada consideración de los espacios agrícolas, como elemento integral de un mismo ecosistema agro-forestal, y no como una parte separada de este. 

En tal sentido, se propone la creación de mosaicos en los que se intercalen espacios de vegetación vertical (arbolado) con otros de vegetación horizontal (agricultura) que dificulten la propagación del fuego.

Además de lo anterior, se sugieren medidas fiscales que incentiven la participación de los selvicultores en la gestión de los espacios forestales, de tal modo que los bosques sean concebidos no solo como espacios a conservar por su valor ecológico y su contribución a la biodiversidad, sino también por su valor económico, impulsando su uso y aprovechamiento productivo y comercial (madera, setas, resina…).

Son todas ellas propuestas sensatas, pero tienen el problema de que su ritmo de aplicación es lento, de medio y largo plazo, además de complejo y, en algunos casos, de imposible aplicación, dado que exige revertir tendencias que vienen de lejos y modificar hábitos y comportamientos, además de cambiar marcos normativos que están inspirados en lógicas de protección y conservacionistas.

No es fácil, por ejemplo, repoblar las zonas rurales de la España vacía, cuando el flujo de las poblaciones más jóvenes a las áreas urbanas es, a todas luces, imparable, y no solo por razones económicas, que lo es, sino también culturales, en el marco de un modelo de desarrollo basado en el uso y consumo de bienes y servicios que se concentran en las ciudades.

Respecto a la población que aún reside en las áreas rurales, es un hecho que está cada vez más envejecida, lo que dificulta su implicación en las tareas necesarias de gestión y conservación de los espacios forestales. 

Además, parte de las nuevas poblaciones que se asientan en las áreas rurales son de origen urbano, y, por tanto, poco habituadas a las prácticas tradicionales de relación con el monte circundante. 

Ello no significa, sin embargo, asociar la España vacía con el abandono y resignarse a ello, puesto que el cuidado del bosque puede hacerse en el marco de planes de gestión que no dependen de que haya unas poblaciones locales en condiciones de participar en ellos.

Tampoco es fácil reordenar un territorio rural tan deshilachado como el actual, donde la urbanización de las áreas rurales se ha hecho de forma caótica y sin responder a planes previos de ordenación territorial. Muchas de esas áreas son territorios perdidos e irrecuperables para una posible reordenación, y solo cabe en ellos planes de evacuación para afrontar situaciones de emergencia.

Respecto al citado impulso a la ganadería extensiva y de pastoreo, cada vez menos rentable y por eso en declive, requeriría, además, pastores que hoy no existen, o exigiría, como alternativa, el uso de nuevas tecnologías para el control del ganado en el campo, unas tecnologías a las que no se tiene fácil acceso en muchos territorios debido a la deficiencia de la red eléctrica y de telecomunicaciones.

Por su parte, la propuesta, bastante razonable, de implantar nuevas variedades forestales mejor adaptadas a las actuales condiciones de cambio climático, requiere inversiones en programas de investigación cuyos resultados exigen, para ser tangibles, largos periodos de tiempo.

Pero todo ello sería nada si no va acompañado de planes de gestión, algo complicado en un país como el nuestro, donde un 70 % de la superficie forestal es de carácter particular. Ello exigiría modelos público-privados de gobernanza a los que estamos poco acostumbrados, dada la desconfianza mutua que existe entre la Administración y el sector privado.

A ello habría que añadir, tal como han comentado los expertos, la necesidad de solventar las deficiencias evidentes en materia de coordinación entre el Gobierno central, las CCAA y las corporaciones locales; algo difícil de lograr en un contexto tan polarizado y de escasa cooperación política multinivel como el existente hoy en nuestro país.

En ese marco de análisis, donde muchas de las propuestas planteadas, siendo necesarias, tienen solo efectos de medio y largo plazo, hay que admitir la realidad de que los incendios forestales vendrán el próximo verano y lo harán con la misma virulencia que ahora si no los afrontamos con medidas de ejecución inmediata y urgente.

La profesionalización de los servicios de prevención y extinción

Una de esas medidas, desde mi punto de vista la más urgente, tiene que ver con la necesaria profesionalización del sector encargado de la prevención y extinción.

Hoy, tal como denuncian los sindicatos, el sector de bomberos forestales desarrolla su trabajo en condiciones muy precarias, no solo en lo que se refiere a la temporalidad de su contratación (por lo general de mayo a septiembre), sino también en lo relativo a la baja remuneración salarial que reciben los trabajadores y al escaso nivel de cualificación exigido (muy inferior a las duras condiciones que se les exige a los bomberos urbanos).

Su situación es muy variable de unas CCAA a otras, ya que las competencias en esta materia están transferidas, existiendo casos en que los trabajadores se integran en empresas públicas de la propia Comunidad (como es el caso de Andalucía, donde los trabajadores del plan INFOCA están integrados desde 2023 en la Empresa de Emergencias de Andalucía) o son contratados por empresas públicas de la administración central (por ejemplo, TRAGSA), o bien son un servicio externalizado a empresas privadas.

La frase, ya tópica, de que los incendios forestales se apagan en invierno, si bien es en verano cuando muchos de ellos se apagan gracias a la eficacia de los servicios de detección, cobra, no obstante, sentido si se dispone de un cuerpo profesionalizado de bomberos forestales, contratado durante todo el año y cualificado para realizar no solo las tareas de extinción, sino sobre todo las de limpieza, desbroce, tala, construcción de cortafuegos, detección temprana… que son fundamentales para prevenir los incendios o al menos para mitigar sus efectos. 

La reciente publicación en el BOE de la contratación permanente de las brigadas del MITECO es un paso adelante, aunque insuficiente

En todo esto es también clave la coordinación del cuerpo de bomberos forestales con el de los “agentes de medio ambiente” (o similares) que desempeñan en muchas CCAA tareas de vigilancia en las áreas rurales para asegurar un buen cuidado de los espacios naturales.

Asimismo, es importante la coordinación con el SEPRONA de la Guardia Civil y con los servicios de protección civil de los ayuntamientos y diputaciones, en un esfuerzo de sinergia para hacer frente a uno de los grandes desafíos naturales de nuestro tiempo.

Reflexiones finales

El desafío que nos plantea como país el tema de los incendios forestales es de una magnitud formidable, además de complejo y costoso, pero debe afrontarse como una política de Estado, entendiendo por Estado tanto la Administración central como las CCAA y las corporaciones locales. 

Ante ello tiene sentido plantear pactos de Estado, pero no sobre cuestiones genéricas que suenan bien, pero que son difíciles de llevar a la práctica, sino sobre temas concretos, fácilmente identificables y proclives al consenso social y político.

Uno de esos pactos sería por la “gestión sostenible de los bosques”, cuya deficiencia es reconocida por todos como una de las causas principales de la expansión y fuerte virulencia de los incendios forestales. 

Este es un tema bien acotado y en cuyo diagnóstico coinciden muchas de las propuestas de los expertos, además de ser demandado desde hace tiempo por las asociaciones de selvicultores (ver en este sentido la Carta de Valladolid de 2022) y por gran parte de las asociaciones agrarias y ambientalistas, por lo que no sería difícil encontrar puntos de consenso.

Es un pacto que incluiría no solo los temas relativos al aprovechamiento y conservación de los bosques (con criterios tanto económicos, como ecológicos), sino también todo lo relacionado con las actividades de prevención y extinción de los incendios forestales y con la necesidad de dotarlas de personal cualificado y bien remunerado y en condiciones de estabilidad laboral. 

Es un pacto que tiene un indudable coste económico, pero más lo tiene afrontar cada verano la ola de incendios forestales sin unas adecuadas herramientas de gestión.