Impacto del entorno indirecto 2019-2025 en la agricultura: el caso de las hortalizas del Sureste de España

En la actualidad, los sucesos se desarrollan a un ritmo vertiginoso, y a menudo perdemos la conciencia de cómo nos impactan. 

Hasta hace poco, las empresas del sector agroalimentario se centraban en analizar su entorno directo, es decir, atender a clientes y proveedores, conocer la situación de la competencia directa y, por supuesto, gestionar su personal, el componente productivo más relevante. 

Sin embargo, la situación ha experimentado un cambio drástico.

Gestionar el entorno indirecto se ha convertido en un factor clave para la sostenibilidad integral (Figura 1). Aunque tenemos una capacidad limitada para influir en él, es crucial analizarlo y minimizar las consecuencias negativas. Factores como fuerzas políticas, económicas, culturales, la geoestrategia internacional y las nuevas estructuras de distribución tienen un impacto mayor que nunca. 

Figura 1. Nuevos elementos externos que están condicionando la gestión de las empresas agroalimentarias

En concreto, la creciente normativa nacional o europea, la inflación, las migraciones ilegales —en una zona fronteriza de la UE—, la sequía, las nuevas dinámicas de las cadenas de suministro y los conflictos en Ucrania y Oriente Medio son variables que complican la gestión diaria de cualquier empresa agroalimentaria. 

Desde la teoría de sistemas abiertos (Scott, 1981), una empresa recibe del macroentorno variables —regulaciones, tecnología o recursos naturales— que influyen directamente sobre sus inputs, y por ende en sus costes, lo cual obliga a reconfigurar sus procesos internos. 

Este reajuste, a su vez, modifica los outputs correspondientes —volumen de producción, calidad de los alimentos, sostenibilidad—. 

El entorno genera un ciclo de retroalimentación estratégica que impulsa inversiones, adopción tecnológica y nuevos modelos de negocio para mantener la competitividad (Vargas-Hernández, 2023).

En este contexto, las contingencias incorporan ahora elementos externos al propio sector, manifestándose, por ejemplo, en el aumento de los costos de los insumos y en el incremento del riesgo para agricultores y empresas. La gestión de esta incertidumbre requiere enfoques colaborativos a nivel global y un posicionamiento sólido en el ámbito local (Belhadi et al., 2024). 

Este artículo se centra en analizar cómo el entorno indirecto ha impactado en el sector hortícola del sureste de España desde el inicio de la pandemia —finales de 2019— hasta la actualidad —primera mitad de 2025—. 

En la primera parte del trabajo se describe cómo el macroentorno ha cambiado “a marchas forzadas” el panorama competitivo, reconfigurando también el entorno directo que deben gestionar las empresas en el día a día. 

En la segunda parte, se describen los efectos y consecuencias de gestión para las empresas de este sector. Se discuten también algunas posibilidades de respuesta basadas en las teorías modernas de la organización dentro de sistemas abiertos. 

Por último, se extraen las conclusiones más relevantes.

Descripción del entorno indirecto y su impacto

Los últimos seis años han sido convulsos (Tabla 1), comenzando en diciembre de 2019 cuando se empezó a conocer el brote de covid-19 en Wuhan (China). El 31 de enero de 2020 se registró el primer caso de covid-19 en España, y el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró oficialmente la pandemia. Como respuesta a la propagación del virus, el Gobierno de España obligó a un confinamiento en marzo de 2020. 

En el ámbito mundial, el año 2020 estuvo marcado por una contracción económica significativa, agravada por el impacto del brexit, que se formalizó el 31 de diciembre de ese mismo año. 

A medida que el mundo intentaba recuperarse, en enero de 2021 las cadenas de suministro experimentaron tensiones debido a la reactivación de la demanda global. Durante el primer semestre de 2021, los precios del petróleo, gas y carbón experimentaron un aumento progresivo. En julio de 2021, Europa comenzó a enfrentar una escalada de inflación, y en septiembre del mismo año, los costes del transporte internacional alcanzaron niveles históricos. La eurozona cerró 2021 con una inflación del 5 %. 

En febrero de 2022, comenzó la guerra en Ucrania, seguida de un repunte en los precios de la energía en marzo. En agosto de 2022, se iniciaron las subidas de los tipos de interés, y en octubre de ese mismo año, la eurozona experimentó su pico máximo de inflación: los precios cerraron el año con una variación interanual cercana al 9 %. Reino Unido, importador hortícola muy relevante, terminó diciembre con una inflación del 10,5 %. 

Como hito en el desarrollo tecnológico, en noviembre de 2022, aparece ChatGPT, lo que aceleró la aplicación de las tecnologías inteligentes en agricultura. 

En diciembre de 2022, España cerró el año con las temperaturas más cálidas jamás registradas. Situación que se replicó en buena parte del planeta. En agosto de 2023, la sequía en España exacerbó los precios de los alimentos. 

Cuando se empezaba a atisbar una estabilización de las tensiones geopolíticas, a pesar del conflicto en Ucrania, el 7 de octubre de 2023 se registró el ataque de Hamás en Israel que redundó en otro repunte del coste energético. 

A finales de 2024, se produjo la victoria de Donald Trump en los EEUU, afectando negativamente a los mercados internacionales. 

España, por su parte, vive en 2025 y 2025 un récord de inmigración irregular, que empieza a ser difícil de gestionar por parte de las administraciones. 

Por otro lado, en enero de 2025 se produce el último aumento del salario mínimo interprofesional (SMI), que ha pasado de 900 euros/mes en 2019 a 1.184 euros/mes en 2025, un 31,5 % más. Estas subidas han elevado significativamente los costes laborales en el campo, especialmente en cultivos intensivos como los de invernadero, donde la mano de obra representa más del 50 % del coste corriente.

El anuncio, en abril de 2025, de nuevos aranceles por parte de Trump y los ataques de Israel a Irán, en junio, han generado nueva incertidumbre geopolítica con posibles efectos sobre los precios del petróleo y otros insumos. Mientras tanto, el BCE baja los tipos de interés, lo que alivia parcialmente las condiciones de financiación de inversiones, dando por controlada a la inflación (o no).

Desde el punto de vista de la normativa UE, la nueva PAC con aplicación 2023-2027, que empezó a estructurarse desde finales de 2021, ha supuesto una modificación sustantiva en la forma en que se debe contemplar a la agricultura en Europa, ya que se trata de un nuevo modelo que pretende: 

“a) Fomentar un sector agrícola inteligente, competitivo, resiliente y diversificado que garantice la seguridad alimentaria a largo plazo; b) apoyar y reforzar la protección del medio ambiente, incluida la biodiversidad, y la acción por el clima y contribuir a alcanzar los objetivos medioambientales y climáticos de la Unión […]; c) fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas rurales”. 

A todo lo anterior se debe sumar el Pacto Verde aprobado a finales de 2020, que no es más que (CE, 2023): “Un paquete de iniciativas políticas cuyo objetivo es situar a la UE en el camino hacia una transición ecológica, con el objetivo último de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050”. 

El Pacto Verde lleva aparejada legislación muy variada, por ejemplo: la ley de restauración de la naturaleza, la Directiva europea de diligencia debida, clave para que el sector empresarial asuma su responsabilidad en la lucha contra el cambio climático y proteja los derechos humanos; o la ley sobre sistemas alimentarios sostenibles y la regulación sobre el uso sostenible de plaguicidas. 

Según la Comisión Europea, todas estas normativas son fundamentales para garantizar la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios y poder cumplir con las estrategias europeas de biodiversidad y de la granja a la mesa. 

Mientras tanto, los productores piensan que estas normativas reducen su capacidad para producir alimentos (Hilmi y Frison, 2024), quedando más expuestos a las importaciones. En otras palabras, esta normativa les resta competitividad respecto a la competencia de terceros países.

Tabla 1. Repaso de los acontecimientos más relevantes sucedidos en el entorno indirecto y que han afectado al sector agroalimentario en la UE y España

El análisis del índice armonizado de precios al consumo en la UE-27 para hortalizas (Figura 2) revela ciertos patrones. En términos generales, se identifica una dinámica estacional de reducción de precios durante los meses estivales, coincidiendo con el incremento habitual de la oferta; y un aumento en los meses de invierno. 

Figura 2. Índice armonizado de precios al consumo de hortalizas en la UE-27. Índice 2015=100

No obstante, el índice también muestra variaciones abruptas y comportamientos no plenamente explicables por la estacionalidad, lo que apunta a la posible incidencia de factores coyunturales o exógenos. 

Estas fluctuaciones podrían estar vinculadas a perturbaciones de diversa índole que alteran puntualmente los equilibrios entre oferta y demanda, provocando picos de precios o fases de corrección. 

En este sentido, puede plantearse la hipótesis de que el mercado europeo de hortalizas experimenta una creciente sensibilidad a contingencias externas, lo que da lugar a una mayor volatilidad en los precios. Sin embargo, esta observación debe ser interpretada con cautela, ya que el índice agregado no permite, por sí solo, establecer relaciones causales directas ni aislar el peso relativo de cada factor.

Impactos concretos sobre el sector hortícola español

Del covid al brexit

La pandemia no consiguió paralizar el funcionamiento de las empresas de comercialización hortofrutícola. Las ventas apenas sufrieron variaciones relevantes en los primeros meses de la pandemia (Figura 3). 

Figura 3. Exportaciones de Almería (España) en los meses pre y post pandemia covid. En toneladas

El gráfico muestra que existió una leve variación negativa de las ventas en mazo de 2020 y siguientes meses que apenas llegó al 3 % respecto a los datos de 2019. 

En general, fueron varias las lecciones que se pudieron extraer: 

1) La organización ejemplar del sector hortícola del Sureste español, ya que ninguna empresa de relevancia tuvo de parar la actividad.

2) El comportamiento de los empleados mostró altos grados de compromiso. En este sentido, se puso de manifiesto que los trabajadores eran el pivote fundamental de este modelo. El empresario se había preocupado de tener una mano de obra estable, afincada en la zona y comprometida con ella; todo lo contrario de lo denunciado en la mayoría de los medios de comunicación generalistas en media Europa (Pérez-Mesa et al., 2023).

El brexit supuso un reto para las empresas exportadoras europeas con consecuencias relevantes. Los datos de importación Gran Bretaña, parecen revelar que esta área ante entornos turbulentos prefirió asegurar el aprovisionamiento hortícola extra-UE a precios bajos para evitar los efectos inflacionarios sobre su población. Este aspecto podía crear conflicto con la seguridad alimentaria, al importar de zonas con menos control. 

En este sentido, las exportaciones hortícolas españolas a Reino Unido pasaron de suponer el 11,6 % del total en 2019 al 9,4 % cinco años más tarde (ICEX, 2025). En este mismo periodo, las importaciones de Gran Bretaña desde Marruecos, para un producto tan relevante como el tomate, se duplicaron, llegando a suponer el 30 % del total (UKtradeinfo, 2025).

La crisis de costes, el tsunami normativo y la situación actual

En el verano de 2021 conforme iba avanzando la campaña, se creó una tormenta perfecta por el lado de los insumos: el elevado precio del gas, la electricidad y el petróleo empezó a crear una grave crisis al sector productor-comercializador. Todos los insumos aumentaron de precio: fertilizantes, la energía, el gasoil, plásticos, así como, otras materias primas indispensables para la construcción y el mantenimiento de los invernaderos. A esto debíamos sumar los incrementos de SMI que ya se introdujeron el año anterior. 

En el caso de las empresas de comercialización, la situación a final de año 2021 era crítica. Los costes aumentaron de forma exponencial. Fue el caso de la energía necesaria en la planta de manipulado, el aumento de precio de los envases y embalajes de plástico y cartón, y, por supuesto, la entrada en vigor del nuevo convenio del campo y manipulado, que representó una fuerte subida de la masa salarial (Cajamar, 2022). 

Así las cosas, la cuestión era saber hasta qué punto los agricultores y empresas podían sostener la subida de sus costes. En otros tipos de agricultura ya se asumía una caída de la oferta por el abandono progresivo de la actividad y el consiguiente aumento de precios de los productos agrarios (García, 2023). En el Sureste de España también se apreciaba una tendencia del agricultor a los productos hortícolas con menores costes; por ejemplo, hubo un descenso en la superficie de tomate (Cajamar, 2022). El futuro del sector parecía depender de que el consumidor y los clientes intermedios asumieran parte de los costes. 

En este contexto, los clientes intermedios —grandes cadenas de distribución— empezaron a comprender que si no trasladaba parte de los costes al consumidor se quedarían pronto sin proveedores. De hecho, en este momento donde se convivía con el covid y posteriormente con la guerra de Ucrania, se pudo apreciar la importancia que tenía el Sureste de Europa en el suministro alimentario europeo. 

Los clientes empezaron a cerrar programas de ventas de forma acelerada con las empresas de comercialización en origen —el precio pasó a un segundo plano—. Como anécdota, los medios de comunicación europeos, especializados y generalistas, querían conocer la capacidad de suministro, asustados ante la posibilidad de desabastecimiento. 

Fue en ese momento cuando la inflación generalizada empezó a surgir en todos los países de Europa y reapareció en el debate el concepto de “soberanía alimentaria”. Es evidente que el concepto cobra importancia cuando existen crisis, por ejemplo, como pasó con el aumento de los precios de los productos básicos agrarios en 2007 y 2008. Los países o áreas empezaron a preguntarse cómo responder al reto de la escalada de precios ante futuras contingencias.

Como resultado, la campaña 2021/22 acabo como una de las mejores de los últimos 10 años al hablar de ingresos y precios. A pesar de la caída de la producción, los ingresos crecieron más de un 30 %. Sin embargo, se sufrió la mayor subida de costes en la historia reciente del sector: 25 % más de precio de insumos, sobre todo fertilizantes y energía, esta última en segunda vuelta afectó a otros muchos inputs. Los costes impidieron que el incremento de ingresos se trasladara a los beneficios, estos fueron buenos, pero incluso menores a los obtenidos pocas campañas antes (Figura 4).

Figura 4. Evolución de indicadores de precios, costes y márgenes unitarios en un invernadero estándar en Almería. Ingresos 2015/16=100
 

Mientras todo lo anterior sucedía, las empresas se enfrentaban a un crecimiento normativo UE como consecuencia del cumplimiento del Pacto Verde (Green Deal). Desde un punto de vista teórico, las medidas parecían acertadas; sin embargo, a mediados de 2023 no existía una evaluación definitiva de su impacto sobre los rendimientos. De hecho, los objetivos establecidos a partir del Pacto Verde iban a tener escasos efectos en la práctica durante el periodo de aplicación de la nueva PAC. 

Se evidenciaban crecientes resistencias tanto en el Parlamento Europeo como entre los Gobiernos para mantener el ritmo legislativo impuesto por la Comisión (Bongardt y Torres, 2022). Esta reticencia surgía en respuesta a la complicada coyuntura. 

Ya se habían manifestado problemas tales como el resurgimiento de la inflación, señales de desaceleración económica, la reorganización de las cadenas globales de valor y perturbaciones geopolíticas en la oferta de productos agrícolas como granos, fertilizantes y energía. Además, la presencia de condiciones climáticas adversas, como la sequía en diversas zonas de producción, agregaba complejidad al escenario previsto. 

En el caso concreto del Sureste de España (Almería), esta área tenía superadas muchas de exigencias explícitas: tendencia hacia la producción orgánica, la reducción en el uso de fitosanitarios, la implementación de la economía circular, entre otras. 

Otras eran más difíciles de aplicar, por ejemplo, las relacionadas con la contaminación de aguas. Algunas eran incluso contradictorias con el propio modelo, por ejemplo, la tendencia a acortar las cadenas de suministro y promover la producción y el consumo de proximidad. 

La cuestión fundamental era la velocidad de la transición, la financiación comprometida, la valoración del consumidor de estas medidas y sobre todo, cómo el mercado de la UE haría efectivo el cumplimiento de todas estas normativas al producto extra-UE. 

Todas estas dudas propiciaron que la mayoría de las asociaciones sectoriales se posicionaran en contra de este marco regulatorio, por lo menos hasta que se aclarara quién y cómo debía pagarse la transición. 

Desde un punto de vista técnico, también aparecían reticencias: pérdida de productividad, calidad, y por ende reducción del precio percibido por los agricultores de hortícolas (Bremmer et al., 2021). Por otro lado, también se pusieron en evidencia los problemas de precio para el consumidor como consecuencia de la tendencia hacia productos hortícolas orgánicos, o neutros en huella de carbono (Scuderi et al., 2021), demostrándose la existencia de efectos indirectos indeseados. 

De hecho, había indicadores de cómo se comportaron los consumidores en esta época de inflación con respecto a las compras de producto orgánico: en Alemania las ventas descendieron dos puntos porcentuales (del 11 % al 9 %) entre 2022 y 2023 (AMI, 2023), repercutiendo con posterioridad en los precios percibidos por el agricultor en origen (Coexphal, 2023), llegando incluso a existir precios idénticos a los del producto convencional.

La situación más reciente muestra la confirmación de lo que podía llegar a suceder. A pesar del descenso de costes en la campaña 2023/24, los precios cayeron en porcentajes más altos provocando pérdidas en los agricultores (Figura 4). Era previsible que existieran presiones por parte de los clientes para contener los precios de venta al consumidor después de alcanzar máximos en 2023. 

La última campaña disponible (2024/25) muestra una recuperación tanto de precios, pero también un aumento del 2 % de los costes. Como resultado, el agricultor vuelve al punto de partida: un beneficio escaso, tal y como sucedió en plena pandemia.

Posibilidades de respuesta 

Reforzar la cooperación y la acción colectiva es una de las respuestas más eficaces ante la creciente presión del entorno. La empresa como sistema abierto tiene mayor sentido que nunca en momentos de incertidumbre. 

En un contexto marcado por el aumento mantenido de costes, el desequilibrio de poder frente a las grandes cadenas de distribución, a su vez influenciadas por un entorno indirecto inestable, resulta esencial que agricultores y empresas refuercen sus estructuras colectivas. Esto puede lograrse a través de la integración cooperativa, la creación de plataformas conjuntas de comercialización, o incluso mediante alianzas estratégicas entre organizaciones de productores europeas. 

La adaptabilidad, la innovación y la resiliencia son fundamentales para enfrentar estos desafíos y construir un futuro más sostenible y seguro. Los nuevos enfoques de la teoría de sistemas (Belhadi et al., 2024; Cinti et al., 2025; Kaine y Wright, 2025), basados en la transformación digital, la complejidad adaptativa o la teoría de redes de valor, refuerzan y enriquecen la concepción de la empresa agraria como sistema abierto. 

En la práctica, esto se traduce en organizaciones que prosperan no aislándose, sino interactuando estratégicamente con todo su ecosistema de influencias: anticipando cambios, colaborando con grupos de interés diversos, explorando la innovación en las fronteras y transformándose junto con el entorno (Cholez et al., 2021).

Estas fórmulas no solo permiten mejorar el poder de negociación y optimizar recursos, sino también compartir información clave, coordinar la adopción de innovaciones tecnológicas y generar economías de escala. 

Asimismo, fortalecen la voz del sector en los procesos de interlocución con la Administración y en el diseño de políticas públicas, aumentando su capacidad de influencia en decisiones normativas que afectan directamente a su competitividad.

Conclusiones

Desde 2019 hasta 2025, el entorno indirecto ha experimentado transformaciones estructurales que han alterado profundamente la operativa y la competitividad del sector hortofrutícola del Sureste español. 

A pesar de las adversidades (pandemia, brexit, inflación, guerra en Ucrania, alza del SMI, sequía, tsunami regulatorio europeo), el modelo ha mostrado una notable capacidad de resiliencia y adaptación, apoyado en una estructura empresarial consolidada. 

Sin embargo, la combinación de precios ajustados y costes sostenidos, muchos de ellos derivados de la propia normativa, representa una amenaza estructural para la viabilidad económica del modelo hortícola intensivo del Sureste español. El margen de beneficio, ya reducido en campañas anteriores, vuelve a estrecharse, colocando a muchos productores al borde de la inviabilidad. La situación se agrava debido a que el entorno indirecto ha favorecido la situación competitiva de la competencia.

La continuidad de este modelo exige ahora un salto cualitativo en su forma de relacionarse con el entorno. No basta con resistir: es necesario anticipar, innovar, colaborar y transformarse. 

La lógica de los sistemas abiertos ofrece un marco útil para ello, recordando que la sostenibilidad no es solo ambiental o económica, sino también organizativa y estratégica. 

El éxito futuro dependerá de combinar eficiencia y legitimidad, es decir, de ser eficientes y, al mismo tiempo, socialmente valorados. Solo así será posible afrontar las próximas crisis sin perder capacidad competitiva ni base social productiva. 

Referencias

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