Semillas del Cambio (y III): diálogo y soluciones para gestionar el agua en la agricultura frente al reto climático

En anteriores artículos ya hemos presentado el proyecto Semillas del Cambio, un proyecto de Cajamar junto con la European Cimate Foundation, que trabaja para bajar el volumen del conflicto entre producción agraria y conservación ambiental, generando confianza entre actores con agendas distintas. Lo hace con el objetivo de compartir y aprender juntos, integrando distintas visiones y experiencias dentro de un taller sobre el agua en los sistemas agrarios.

Si en anteriores entradas sobre este proyecto habíamos reseñado los resultados de los talleres celebrados sobre biodiversidad y suelos, el tercer taller, al que nos referimos en este artículo, se centró en la utilización del agua en la agricultura. 

El agua es vital para nuestro sistema agroalimentario, imprescindible para producir alimentos, fuente de empleo agrario, mantiene los ecosistemas y la vida cotidiana de pueblos y ciudades. Por lo que cualquier tensión hídrica repercute en toda la economía y en la cohesión social.

El cambio climático ha incrementado las temperaturas y con ello la evapotranspiración de las plantas, al tiempo que la variabilidad de las precipitaciones ha aumentado en gran medida, con sequías más largas y lluvias más irregulares y concentradas. Esta nueva normalidad impone un giro de enfoque; si ya no era suficiente con ampliar la oferta y el sector venía trabajando en mejorar la eficiencia del uso, ahora se necesita una gestión más eficiente y transparente que garantice la sostenibilidad a largo plazo, asegure el buen estado de las masas de agua, genere más valor por cada gota y haga compatible la producción con la conservación del recurso en el nuevo marco.

La transformación del regadío ha permitido que mejore su eficiencia por hectárea, aunque ese avance sigue conviviendo con elevadas presiones en cuencas sensibles, costes crecientes y brechas de información sobre ahorros netos y retornos al sistema. También crecen las fuentes no convencionales en zonas costeras, mientras que los grandes embalses y los trasvases muestran cada vez márgenes más estrechos por razones ecológicas y económicas. Con este telón de fondo, se entiende el clima de urgencia que ha llevado a abrir espacios de diálogo y a medir con mayor rigor los resultados de cada decisión.

El debate público llega a menudo en clave de bandos, producción frente a conservación, trasvases frente a desalación, modernización frente a reducción de superficie de regadío, lo cual empobrece las opciones y encona posiciones. La polarización se alimenta de relatos simples que ignoran las diferencias entre cuencas, cultivos y realidades sociales, y que dejan poco espacio a soluciones graduales.

Para salir de ese bloqueo conviene cambiar la pregunta, no qué modelo gana, sino qué combinación de medidas funciona en cada momento y en cada lugar con las restricciones reales del sistema.

Cómo se trabajó

Como en talleres anteriores, la metodología buscó trabajar con gran diversidad y contraste, pero creando un ambiente constructivo. Participaron agricultores, personal técnico, académicos, personal de administraciones y de ONG y de la Sociedad Civil. El proceso se organizó en tres tiempos que se alimentaron entre sí. Primero, una encuesta previa para situar percepciones y localizar focos de conflicto. Después, un taller con dinámicas participativas orientadas a identificar problemas, explorar soluciones y ordenar palancas de cambio según impacto y viabilidad. Finalmente, una encuesta posterior para validar aprendizajes, recoger mejoras del proceso y priorizar líneas de acción.

La encuesta previa dibujó una tensión alta basada en la visión de que la sociedad percibe que uso y conservación son incompatibles, debido al abuso de ciertas narrativas y de falta de gobernanza.

La sobreexplotación de acuíferos, los trasvases y las captaciones irregulares se señalaron como los nudos que bloquean el debate. De ahí la premisa asumida por el grupo, sin control creíble no hay margen para el acuerdo. 

A partir de esa base se planteó reforzar la gobernanza de las instituciones de gestión y la transparencia de la información, con medición efectiva mediante telemetría y teledetección, y con apertura de los datos clave para que la trazabilidad de las extracciones sea verificable por la administración y comprensible para el sector. Ordenar el tablero con estas garantías es el primer paso para que las medidas que dependen de la confianza tengan recorrido.

A partir de ahí la conversación pasó de la norma al diseño de paquetes de gestión. La modernización del riego se valoró como herramienta útil si se ata a condiciones que aseguren ahorro neto a escala de masa de agua y no solo eficiencia por parcela. Esto implica auditorías previas, umbrales y límites que eviten expansiones inducidas que anulen el ahorro logrado. 

En paralelo ganó apoyo una agenda de demanda realista, con cambios de cultivo allí donde el balance es crítico y acuerdos tutelados por la administración que permitan ajustar superficies en campañas secas, junto con mecanismos de compensación que repartan costes y beneficios de manera más justa.

Respecto a nuevas fuentes de agua, el grupo tendió a priorizar reutilización y desalación, esta última en contextos donde el coste, la energía y la localización lo permiten, tanto para aliviar presiones en ciertas épocas como para reforzar la garantía en zonas litorales. 

Los trasvases y ampliación o construcción de embalses se vieron que cuentan con márgenes muy reducidos condicionados por la menor y más incierta disponibilidad de agua en las cabeceras y por su coste comparado. 

En definitiva, cada infraestructura debe justificarse con balances hídricos transparentes, análisis de alternativas y criterios de coste eficacia que incluyan energía y huella ambiental.

Las tarifas y la recuperación de costes ocuparon otra parte central del debate, por su relevancia desde la sostenibilidad financiera del sistema. Se reconoció una brecha entre precio y coste real del servicio, y se encontró predisposición favorable a que las introducir criterios de reparto en el coste de las inversiones y modular el respaldo público según sus beneficios ambientales o sociales.  

Conclusiones

De la suma de encuestas y debate sale un itinerario de trabajo que encadena cumplimiento, planificación y aprendizaje. 

Primero, reglas claras con supervisión efectiva y datos abiertos para que la legalidad deje de ser un eslogan y se convierta en un activo de confianza. Después, paquetes mixtos que combinen eficiencia en parcela con reducción neta en masas críticas, incorporen fuentes no convencionales donde encajen y limiten obras tradicionales a casos con justificación sólida. Finalmente, una gobernanza que explique costes y límites, mida resultados con balances comparables y devuelva conclusiones a quienes están en la toma de decisiones del día a día. 

Esta es la misma lógica que vertebra el proyecto en su conjunto y que conecta con el taller de suelos, medir para aprender, acompañar para reducir riesgos y decidir con evidencias que todos puedan verificar. Con esa secuencia la polarización pierde fuerza y aparece un terreno común desde el que afrontar un futuro con menos agua y más incertidumbre sin dejar a nadie atrás.

Además del vídeo, también puedes escuchar el podcast de EFE Agro Punto de Encuentro: 'La Gobernanza del Agua':