La reforma de la PAC pone a España en guardia

La Comisión Europea ha dado un golpe de efecto esta semana al presentar la propuesta detallada para la futura Política Agraria Común (PAC) dentro del Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028–2034. De hecho, ha sido un acto manifiesto de intentar apaciguar las aguas ante una primera comunicación política, sin cifras cerradas, que no sentó bien al sector rural europeo.

Tras meses de especulación desde aquel primer boceto de lo que podía ser la PAC post-2027 en julio, Bruselas confirma ahora cifras, estructura y prioridades que marcan un cambio profundo en la política agrícola europea.

Una PAC más simple, pero con menos dinero

La propuesta, liderada por Ursula von der Leyen y el comisario de Agricultura Christophe Hansen, plantea:

• Fusión de pilares: desaparece la división entre pagos directos y desarrollo rural. Nace un fondo único que los Estados gestionarán mediante planes nacionales y regionales.
• Presupuesto: la CE fija la dotación en 300.000 millones de euros, frente a los 386.000 millones del periodo actual. De ellos, 293.700 millones se destinarán a apoyo a la renta y 6.300 millones a un fondo de crisis.
• Menos burocracia: se promete simplificación administrativa, con menos controles físicos y más inspecciones vía satélite. Bruselas defiende que esto reducirá costes y agilizará trámites: "Queremos una PAC que funcione para los agricultores, no contra ellos", afirmó Hansen.
• Medidas verdes voluntarias: los ecoesquemas y objetivos ambientales dejan de ser obligatorios. Se transforman en incentivos, lo que genera dudas sobre la ambición climática.
• Juventud y digitalización: se refuerzan las ayudas para jóvenes agricultores y se apuesta por la modernización tecnológica.

La justificación de von der Leyen

Ante estos cambios, y tras unas críticas que no se han hecho esperar, la presidenta de la Comisión ha querido explicar que al menos el 10 % del presupuesto total de la UE se destinará a gasto 'rural' o 'agrario', bajo lo que denomina 'Objetivo Rural'. Algo que, en definitiva, es más una etiqueta  dentro del presupuesto que un fondo concreto. 

Y ha incidido en que los  llamados 'Planes de Asociación Nacional-Regional', que aunarán la financiación para cohesión, agricultura, desarrollo social, pesca y migración en un único documento, permitirán a cada país y región diseñar reformas e inversiones "en conjunto" y buscan lograr el "máximo impacto sobre el terreno".

Y ha subrayado que "cohesión y agricultura seguirán en el centro del presupuesto" y que "los recursos para ambos serán preservados", con un mínimo de 218.000 millones de euros asignados para las regiones menos desarrolladas, 294.000 millones de euros para apoyar la renta de los agricultores y 2.000 millones para los pescadores.

Primeras reacciones en España

Ante este matiz, las organizaciones agrarias españolas señalan que es una "cortina de humo", y critican que no se añadan fondos nuevos, ni que tampoco asegure ayudas directas a los agricultores.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha valorado "cualquier esfuerzo de la Comisión por mantener una atención al medio rural", pero aún así se mostró crítico con esta actualización, al afirmar que "los compromisos deben venir acompañados de financiación real". Además, advierte que que la negociación será "larga y complicada" y reclama que España no puede aceptar un recorte que comprometa la viabilidad de nuestras explotaciones. 

Desde el Parlamento Europeo también se han pronunciado grupos  como PPE, S&D y Renew, que advierten que la redistribución de poder hacia los Estados y el calendario legislativo comprometen el papel del Parlamento. Y reclaman una revisión profunda para garantizar equilibrio entre simplificación, sostenibilidad y cohesión.

El escenario

El debate continuará en el Consejo y el Parlamento durante 2026 y 2027, antes de la entrada en vigor en 2028. 

España y otros Estados miembros se preparan para una negociación intensa.