Norma de comercialización del aceite de oliva: 'la venda antes de la herida'

Fue una sorpresa (relativa, quizás para algunos) que el pasado 23 de junio el Ministerio de Agricultura iniciara los trámites administrativos para activar legalmente y por vez primera la retirada obligatoria de aceite de oliva del mercado. 

Retirada si bien condicionada a que todo el sector oleícola estuviese de acuerdo (algo que está por ver) y, en principio, a la confirmación de una abundante cosecha de aceituna en la próxima campaña 2025/26, que pudiera provocar un hundimiento de los precios de venta en origen muy por debajo de los costes de producción.

El pasado 2 de julio se cerró el plazo de la consulta pública previa para elaborar el texto del proyecto de Orden ministerial que establezca la norma de comercialización del aceite de oliva para la campaña 2025/26, que se inicia el próximo 1 de octubre, en aplicación del Real Decreto 84/2021, que fija las normas básicas para la aplicación, a su vez, del artículo 167 bis del Reglamento (UE) 1308/2013, de 17 de diciembre, regulador de las normas de comercialización del aceite de oliva.

La decisión del MAPA de iniciar este trámite no ha sido caprichosa y viene después de celebrar varias reuniones con las organizaciones representativas del sector oleícola. Por supuesto que eso no quiere decir que la retirada obligatoria de aceite de oliva vaya a producirse en la realidad, sino que, por ahora, el objetivo es que toda la maquinaria legal para aplicar esta medida esté bien engrasada y dispuesta por si fuera necesario ponerla en marcha de inmediato, sin dilaciones en el tiempo. En otros términos, y acudiendo al refranero español (que para eso está), se trata de "ponerse la venda, antes de la herida", pecando mejor de exceso de cautela o prudencia, que de lo contrario.

En su argumentario, Agricultura recordaba que la producción de aceite de oliva en España se caracteriza por una gran variabilidad en su volumen entre unas campañas y otras, dado el carácter vecero del olivar (nota: como se sabe, la vecería o alternancia, que afecta a la mayoría de cultivos leñosos, es una respuesta fisiológica natural de la planta a la sobreproducción de frutos en un año, que agota sus reservas y recursos y lleva a que, al año siguiente, la planta no tenga suficiente energía para producir otra cosecha abundante, resultando en una producción más baja o nula). 

Esta alternancia productiva puede, según el MAPA, generar disfunciones y desequilibrios de mercado y afectar a la viabilidad económica de los productores.  Así, recuerda que, tras dos campañas de baja producción (2022/23, con 666.000 t, y 2023/24, con 855.600 t), se ha recuperado la normalidad productiva en la actual, superando los 1,4 millones de toneladas (en concreto, 1,414.100 t).

Además, añade el MAPA, las condiciones climatológicas existentes en los meses de primavera en las principales zonas olivareras de nuestro país, con temperaturas suaves y precipitaciones muy abundantes, han favorecido una buena floración y un buen cuajado del fruto, previéndose una cosecha para la campaña 2025/26 significativamente superior a los niveles medios de las últimas campañas.

No obstante, estas previsiones, que tendrán que ir confirmándose o no en los próximos meses, podrían (no hay que olvidarse del condicional) suponer un aumento de oferta de aceite de oliva y generar una desestabilización de los mercados. De ahí, la posibilidad de activar mecanismos de regulación, como el dispuesto en el artículo 167 bis. 

Anticiparse

Para ello se ve necesario, dados los tiempos de tramitación normativa, comenzar a trabajar ya en el diseño de la norma de comercialización, "en caso de que se precise para contribuir a estabilizar la situación del mercado" (…), de forma que (este mecanismo) esté adoptado, tal y como establece el RD 84/2021, a 31 de octubre de 2025 (es decir, al mes de inicio oficial de la nueva campaña) para su aplicación en la cosecha 2025/26, si (condicional) se constatan las estimaciones de producción elevada de aceite de oliva, así como los posibles desajustes de mercado que puede conllevar.

Sea necesaria o no, el MAPA ha tomado la determinación de tener preparada y dispuesta la Orden ministerial de la norma de comercialización para anticiparse y reaccionar a tiempo en caso de que la llegada de una gran cosecha pueda impactar negativamente en los precios del aceite de oliva en origen en la próxima campaña 2025/26 o en campañas futuras a medio y largo plazo.

La medida permitiría (condicional), previa consulta a las comunidades autónomas y a los representantes del sector, activar una retirada temporal de producto hasta la campaña siguiente y/o su destino a uso no alimentario, en caso de darse situaciones de grave riesgo de desequilibrio de mercado, debiéndose especificar el producto afectado.  

En este sentido, además de la capacidad base con que cuentan las almazaras, las instalaciones de la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero (FPCO) disponen de una capacidad de almacenamiento de más de 300.000 t, que pueden servir de 'colchón de seguridad' en casos extremos de exceso de oferta de aceite de oliva que no sea capaz de absorber la demanda, ni evitar un hundimiento de los precios.

¿Quién financia la retirada?

Un aspecto importante (en el que no han incidido, por ahora, ni el MAPA, ni el sector, ni los medios que han informado) es que "la financiación (de la aplicación de este mecanismo) correría a cargo del propio sector oleícola, considerando que el beneficio se produciría (condicional) por el reequilibrio que generaría en la estabilidad de los mercados y, en consecuencia, en las cotizaciones del aceite de oliva". Así se especifica, al menos, en la 'hoja de ruta' que presentó el MAPA en junio de 2020. 

Sobre este punto, el RD 84/2921 solo hace referencia en una Disposición adicional única sobre 'Contención del gasto', a que "las medidas incluidas en este real decreto serán atendidas con las dotaciones presupuestarias existentes, y no podrán suponer incremento de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal".

Algunas fuentes apuntaron que el MAPA baraja la opción de descontar un porcentaje fijo del aceite producido por las almazaras, que no podría comercializarse, pero sin contemplar ningún tipo de compensación económica. Es decir, los costes de esa retención serían soportados por las almazaras, repercutiéndolo luego en los precios de venta cuando el aceite pudiera liberarse para acudir al mercado.

De cualquier forma, no hay nada concreto sobre quién financiaría en su caso la retirada temporal. Es algo que queda muy abierto, pero no se debería descartar, aunque sería muy difícil y no se contemple ahora, su financiación mediante ayudas de Estado o, en su caso, con fondos comunitarios de la reserva de crisis agrícola si realmente la situación de los precios de mercado es muy grave. Por no descartar, podría apuntarse también que el coste de aplicar una medida de este calibre se llevara a cabo a través de una extensión de normas de la Organización Interprofesional de Aceite de Oliva de España, que obligase al conjunto del sector.

Otras alternativas

Aun así, el MAPA no se cierra a otras alternativas regulatorias y no regulatorias para gestionar una posible sobreoferta de aceite de oliva que el mercado no puede absorber en el corto plazo. Entre ellas cita la autorregulación voluntaria o el almacenamiento privado, contemplados en los artículos 2029, 17 y 18 del Reglamento (UE) 1308/2013. Ambos instrumentos, sin embargo, aplicados en campañas pasadas, no resultaron apenas eficaces para resolver el problema de los bajos precios en origen.

Por ejemplo, el almacenamiento privado, aplicado en la campaña 2019/20 supuso una retirada temporal de 213.500 t de aceite de oliva del mercado (27 % del stock de la UE al inicio de campaña), de las cuales 196.395 t eran de España, cuyo sector recibió, tras cuatro licitaciones, unas ayudas de 27,38 millones de euros (92 % del total de la UE), sin que esta medida tuviese repercusión esperada en el incremento de precios. Según el propio sector, debido a que las ayudas eran poco incentivadoras para impulsar la retirada de producto. Solo lograron frenar durante unas semanas el descenso de precios. Además, ese aceite de oliva, una vez concluido el plazo de retirada, tuvo que volver al mercado.

Algo similar podría decirse de la autorregulación voluntaria del aceite de oliva que, aunque trabajada concienzudamente por Cooperativas Agro-alimentarias de España, apoyada en Bruselas por el Ministerio de Agricultura y aprobada a principios de noviembre de 2020 (artículo 209 de la OCM Única) por parte de la Comisión Europea, tras una campaña 2018/19, en el que la producción nacional rozó los 1,8 millones de toneladas, tampoco tuvo efectos prácticos sobre los precios en origen. Y ello fue debido a que en el trascurso de los meses mejoró la situación del mercado (la producción bajó en 2019/20 a poco más de 1,12 Mt) y a la aparición de la pandemia de Covid-19, a lo que hubo que sumar las dudas que, en materia de libre competencia, suscitó en algunos operadores (envasadores y exportadores).

A favor y en contra

En cualquier caso, la intención del MAPA de abordar y tener preparada la Orden ministerial para regular la aplicación de la norma de comercialización de aceite de oliva al principio de la próxima campaña 2025/26 fue bien acogida, e incluso se calificó como necesaria, por parte de las cuatro organizaciones agrarias de ámbito estatal (ASAJA, COAG, UPA y UdU) y de Cooperativas Agro-alimentarias de España. 

En cambio, como era de esperar, los operadores de las ramas de la industria y el comercio de aceite de oliva (Anierac, Asoliva, Infaoliva y Almazaras Federadas de España) mostraron sus dudas, cuando no un claro rechazo, a una medida que puede limitar la competitividad del aceite de oliva español en los mercados internacionales, frente al producto de otros países (Portugal, Túnez, Turquía o Italia) que no se plantean nada similar.

Así, según Rafael Picó, director adjunto de Asoliva, "a pesar de ser líderes en la mayoría de los mercados, las posiciones pueden perderse muy fácilmente” y que "una medida de este tipo supone poner palos en las ruedas del sector".

Las asociaciones que defienden los intereses de las almazaras industriales, de los envasadores y del comercio coinciden en la idea de que la aplicación de una normativa de este tipo, que afectaría a las 1.846 almazaras, es muy compleja.

Para Primitivo Fernández, director general de Anierac, "la intervención en el mercado de aceite de oliva supondría una sujeción artificial de los precios en origen y provocaría una distorsión comercial, ya que los envasadores se verían obligados a repercutir los costes incrementando los precios".  

Fernández añadió "que no se ha pensado en las consecuencias de esta medida, puesto que al ser liberado el aceite retirado al final de la campaña, en octubre, si hay una previsión de buena campaña en la siguiente, el problema (de bajos precios) se reproducirá. El mercado encuentra problemas cuando las cosechas rondan los 1,7 Mt, pero eso solo ha sucedido en dos ocasiones".  Además, lamenta que "no haya habido la misma preocupación por regular el mercado cuando los precios se encontraban por las nubes".

Por el contrario, el portavoz sectorial de Cooperativas, Rafael Sánchez de Puerta, también director general del grupo Dcoop, consideró que es "absolutamente imprescindible tener toda la maquinaria preparada (para aplicar la autorregulación obligatoria), tras muchos años peleando en Bruselas por la inclusión del artículo 167 bis en la OCM, dado que las ayudas al almacenamiento privado voluntario (aplicado en algunas campañas anteriores) eran poco incentivadoras y a precios excesivamente bajos".

En caso de que fuera necesario, Sánchez de Puerta abogaría por una aplicación de una norma de comercialización "lo más simple posible para evitar el hundimiento de los precios, dado que la retirada obligatoria de aceite de las almazaras beneficiaría a los productores", añadiendo que "las cooperativas oleícolas estamos dispuestas a hacer un sacrificio (sic), porque es mucho mejor que no hacer nada y que los precios se hundan".

La 'montaña rusa' de los precios

Sin duda, lo que ha desencadenado la intención de aprobar una norma de comercialización ha sido la fuerte volatilidad de los precios en las últimas campañas. Si en las dos anteriores de 2023 y 2024 la baja producción de aceite de oliva hizo que las cotizaciones escalasen hasta llegar a estar en torno a los 9 €/kg, en la actual campaña 2024/25, con poco más de 1,41 millones de toneladas de producción, las tornas han cambiado y a finales de junio pasado los precios medios en el AOVE estaban en torno a 3,6 €/kg, en el virgen, en poco más de 3 €/kg y en el lampante para refinar incluso por debajo de esa cifra y alrededor de 2,8 €/kilo. 

Es decir, tal y como se reflejan en los cuadros adjuntos, se situaban ya en valores medios similares a los de la campaña 2021/22 y eran entre un 50-60 % inferiores respecto a los de anterior 2023/24.

En esta situación de precios de mercado, las explotaciones que más 'sufren', como se ve en el cuadro adjunto del estudio de AEMO, son las de olivar tradicional en secano con pendiente y bajos rendimientos, con costes de producción por kilo de aceite son más elevados, que representan la mitad o algo más de la superficie total de olivar en nuestro país. Por el contrario, las que menos son las explotaciones intensivas o superintensivas en seto, mecanizadas y sin problemas de agua disponible para regadío, siempre que tengan amortizada su mayor inversión.

La realidad es que los precios de mercado en las tres últimas campañas han vivido inmersos en una especie de montaña rusa. Quizás subieron más de la cuenta en las dos campañas anteriores y han bajado más de lo esperado y hasta con mayor rapidez si cabe, en la actual. Cuando subieron hasta niveles nunca vistos, la mayoría de los operadores lo justificaban con que actuaban las fuerzas de mercado, es decir, se confrontaban la oferta y la demanda y el resultado era ese nivel de precios. 

Especulación a 'río revuelto'

Entonces, apenas nadie hacía referencia a la especulación (pero en ese 'río revuelto', la hubo, sin duda), sino a la importante escasez de la oferta y a una demanda que, aunque era menor por los altos precios, aguantaba incluso más de lo que cabría esperar. 

Ahora que los precios del aceite de oliva se han ido derrumbando desde la cumbre a la que habían llegado, desde el sector productor se han denunciado prácticas especulativas. Al respecto, cabe mencionar que desde COAG se presentó a mediados de mayo una denuncia formal ante la Comisión Nacional de la Competencia y de los Mercados (CNMC) para que investigara las bajas cotizaciones en las diferentes categorías de aceite de oliva, pero también UPA y Unión de Uniones, entre otras, han denunciado que la especulación "ha campado a sus anchas" en la campaña actual.

Otros operadores, en cambio, señalan que, como sucedió con el histórico incremento de precios, lo ocurrido en la campaña actual es solo resultado de confrontar oferta y demanda. Sin dejar de ser cierto, tampoco lo es del todo. Lo más probable es que el "factor especulativo", que se denuncia, forme parte intrínseca, estructural, como si de un familiar más se tratase, de las fuerzas del mercado, estando presente tanto en las abruptas subidas, como en las rápidas bajadas de precios.

Dudas sobre la "gran cosecha" en 2025/26

En los últimos días, coincidiendo con un leve repunte de las cotizaciones del aceite de oliva, se han manifestado dudas sobre que la próxima cosecha de la campaña 2025/26 vaya incluso a ser superior a la actual. 

La Asociación de Agricultores para la Defensa del Olivar Tradicional (Asolite) estima que será incluso inferior, previendo entre 1,08 y 1,27 millones de toneladas y apuntando ya una reducción de entre 25-30 % (entre 145.000 y 168.000 t menos) en la provincia de Jaén, la primera productora de toda España.

Asolite argumenta factores agronómicos y climáticos adversos (vecería propia del olivar; olas de calor y temperaturas anormalmente elevadas durante la floración, y el impacto de plagas como el del 'algodoncillo' y especialmente el 'prays' que, por ejemplo, en la provincia de Córdoba ha comprometido un 35 % del fruto. Para refrendar este cálculo invita al resto del sector para que reflexione al respecto.  

Esta Asociación critica que la expectativa de una "gran cosecha" en 2025/26 es infundada y agrava la caída de precios del aceite oliva de origen, que se han situado por debajo de los costes de producción de los oleicultores en las zonas de secano con bajos rendimientos.

Sea como fuere, abordar y tener preparada una norma de comercialización para intentar regular la oferta de aceite de oliva y estabilizar los precios, al margen de que sea necesaria utilizarla o no en la próxima campaña, con independencia del volumen de cosecha que venga, tampoco está de más. 

Ponerse la venda antes de la herida, puede servir para estar preparados y actuar rápido para lo que pueda llegar, y evitar así un empeoramiento no controlable de la situación de los precios de mercado. Si somos líderes mundiales en producción y comercialización de aceite de oliva, contar por si acaso con todos los instrumentos posibles para una mejor gestión del mercado, aunque no se utilicen finalmente, es casi una obligación.

Italia y su mercado de aceite de oliva

Hace unos días, la Unión de Uniones lamentaba contrariada cómo desde las administraciones se justifica el precio de los cereales por (lo que sucede en) los mercados internacionales y, sin embargo, no se recibe ninguna explicación sobre la gran diferencia en el aceite de oliva virgen extra (AOVE), ya que, según datos del propio Ministerio, el precio en Italia estaría a 9,60 €/kilo, mientras que en España está a apenas 3,59 €/kilo, siendo necesaria una explicación. En esta situación, ¿quién puede evitar un 'trading' con el país transalpino, cuyos operadores están dispuestos a pagarte por el AOVE al menos el doble de lo que se pagaría en el mercado español?

En los siete primeros meses de la actual campaña, según los últimos datos del Sistema de Información del Mercado Oleícola (SIMO) del Ministerio de Agricultura, el sector oleícola español había enviado al exterior unas 537.000 t de aceite de oliva. De este volumen, 312.700 t (58,2 % del total) se enviaron a países comunitarios y 224.200 t a países terceros. De todo lo comercializado al resto de la UE, Italia absorbió entre octubre y abril unas 175.300 t, es decir, un 56 % del total (y un 32,7 %, casi una tercera parte, de todo el aceite de oliva español exportado.

Según los últimos datos de la CE, con aportación de los propios Estados miembros, la producción italiana de aceite de oliva en 2024/25 fue en cifras redondas de apenas 248.000 toneladas, es decir, un 59 % y 172.000 t inferior a su propio consumo interno, estimado en 420.000 toneladas. 

Pero, además, pese a que su producción es muy inferior a su demanda interna, Italia es el segundo exportador de aceite de oliva del mundo. Según datos de Eurostat (ComExt), a fecha de 26 de junio de 2025, el país transalpino había exportado un 32 % del total de la UE a países terceros, con 130.400 t (65.614 t a EE.UU., 10.783 t a Canadá; 8.055 t a Reino Unido; 7.756 t a Japón; 5.568 t a Australia; 2.106 t a Brasil, y 30.513 t a otros países) y enviado algo más de 58.000 t, un 10 % del comercio intra-UE total, a otros países comunitarios (Alemania, 23.699 t;  Francia, 9.481 t; España, 7.257 t; Bélgica,1.368 t; Portugal, 11 t, y otros, 16.236 t). En suma, había dirigido al mercado exterior hasta finales de junio un volumen total de casi 188.450 toneladas. 

En otros términos, frente a una producción nacional de apenas 248.000 t, la demanda total (interna de campaña y externa hasta finales de junio) de Italia era superior a las 600.000 toneladas, es decir, más de 2,4 veces su oferta de campaña, teniendo por tanto que comprar para cubrir todas esas necesidades (sin contar el stock inicial a 1 de octubre de 95.000 t) entre 350.000 y 400.000 toneladas de aceite de oliva. Y aún así, la CE estimaba un stock final de 80.000 t para el próximo 30 de septiembre, cierre de la actual campaña 2024/25.

No obstante, en el último balance provisional de aceite de oliva de la UE de finales de mayo para toda la campaña, la Comisión estimaba un consumo interno de 410.000 t; unas exportaciones totales de 339.800 t (unas 237.500 t, a países terceros y 102.300 t, a países comunitarios) y unas importaciones de 511.100 t (420.700 t de otros países UE y 90.400 t de países terceros), con una producción oleícola de solo 248.000 t y un stock final que elevaba a 104.200 toneladas.