¿Cómo puede afectar al sector agroalimentario español el estado de la aplicación de las políticas ambientales en nuestro país?

Periódicamente, la UE evalúa los progresos ambientales conseguidos por los diferentes EM y describe los retos y oportunidades pendientes. Lo ha hecho en informes emitidos en 2017, 2019 y 2022. 

En julio de 2025 ha emitido un nuevo informe. Basándonos en el documento para España, resaltaremos los desafíos que, de acuerdo con la Comisión Europea, debe afrontar la cadena alimentaria. 

Los ámbitos en los que se centra el informe son el estado de la economía circular, el de la biodiversidad y el capital natural, el de la contaminación cero, la gestión del agua, la acción por el clima, la financiación y la gobernanza. Centraremos este análisis en los primeros. 

En economía circular en España se han lanzado varias iniciativas. Sin embargo, el uso circular de los materiales se sitúa en el 8,5 %, frente al 11,8 % a nivel comunitario, según se muestra en el gráfico. 

El conjunto de la economía española, y por ende la cadena alimentaria, tiene el reto de valorizar los residuos y subproductos, como estrategia para mejorar la productividad en el uso de los recursos, incrementar la eficiencia de los procesos y reducir huellas ambientales. 

El informe señala, como punto esencial a prestar atención en nuestro país, la generación de residuos de envases que, en general, ha pasado de 143 a 183 kg per capita desde 2013 a 20222. Aunque la gestión de los residuos municipales juega un papel esencial en esta área, también se señala como importante la inversión en medidas de prevención de residuos para reducir la cantidad total generada. Podemos entender que las Administraciones españolas pueden orientar la presión regulatoria e inspectora en estos puntos. 

En nuestro país se han adoptado un gran número de medidas en materia de biodiversidad en los últimos años (dos planes estratégicos, un plan director y varias estrategias). En la actualidad, España protege el 28,1 % de sus zonas terrestres y el 12,4 % de sus zonas marinas, cifras ligeramente superiores a la media de la UE. Incluye las zonas Natura 2000, con zonas de protección especial (ZPE) clasificadas en virtud de la Directiva sobre las y lugares de importancia comunitaria (LIC) con arreglo a la Directiva sobre los hábitats. 

Sin embargo, en el informe parece que se anima a las Administraciones a ampliar estas zonas y a la aplicación efectiva de los planes de gestión. También se recomienda reforzar la integración de las acciones de biodiversidad y hábitats en las políticas aplicadas en la agricultura, entre otros sectores. 

Específicamente en el ámbito de la agricultura se anima a nuestro país a superar el 10,83 % de superficie dedicada a la agricultura ecológica, para avanzar hacia el 25 % previsto para 2030, así como aumentar la proporción de suelo agrícola con elementos paisajísticos de gran diversidad, tal y como establece el Reglamento (UE) 2024/1991 relativo a la restauración de la naturaleza. 

También se llama la atención sobre la necesidad de recuperar carbono orgánico en los suelos, que se viene perdiendo de manera continuada en el 86 % de nuestras tierras de cultivo, o a frenar la erosión que se produce en el 72 % de nuestra superficie agrícola. Igualmente, se presta atención especial a la necesidad de conservar los pastizales naturales o los humedales, o a prevenir la entrada de especies exóticas invasoras que, en ocasiones, constituyen problemas fito o zoosanitarios. 

El informe reconoce que España ha disminuido significativamente las emisiones de varios contaminantes atmosféricos desde 2005. Incluso, que ha cumplido con los objetivos de reducción de emisiones 2020-2029 para varios contaminantes ambientales, entre los cuales destacan el amoniaco (NH₃) y las partículas finas (PM2,5). 

Una parte importante de las actividades sometidas a la aplicación de la Directiva de emisiones industriales, recientemente actualizada (Directiva [UE] 2024/1785), son agroalimentarias. De hecho, de las 7.000 instalaciones que deben disponer de autorización ambiental, la mayoría de ellas se concentran en el sector de la cría de aves y cerdos (56 %), seguido del sector de la alimentación y las bebidas (7 %). 

Sin embargo, como reconoce el documento, los principales sectores industriales que contribuyen a las emisiones a la atmósfera son el sector de la energía (incluidas las refinerías, la gasificación, etc.), el sector de los minerales y el sector metalúrgico. Cuando se refiere a emisiones al agua, aparece la ganadería, especialmente en los ámbitos del nitrógeno y del fósforo. 

El informe, cuando aborda la gestión y la calidad del agua, indica que el 90 % masas de agua superficiales están en buen estado. Se identifican los nutrientes de la agricultura como factores a considerar en la reducción, aunque no aparecen estos últimos entre las sustancias que se consideran más relevantes para impedir un buen estado químico. Los restos de de plaguicidas si que aparecen en el listado.

El estado químico de las masas de aguas subterráneas ha mejorado en el último informe. El porcentaje de las masas correctas alcanza al 65 % del total. Sin embargo, los riesgos de pérdida de calidad afectan al 47 % del total y las razones detrás de ellos son la actividad antropogénica y la intrusión salina, siendo los principales contaminantes los nitratos, los cloruros, la conductividad, los sulfatos y los plaguicidas.

En el ámbito de las emisiones de gases de efecto invernadero se indica que, de acuerdo con la evaluación, España cumplirá sus objetivos para 2030, reduciendo un 38 % sobre la base de 2005. Todo ello, a pesar de que los sectores como el transporte y la construcción, que son los claves para conseguir los objetivos, todavía no han masificado el empleo de energías renovables. 

En lo que se refiere a la agricultura, el informe es claro: el objetivo de España en 2030 es aumentar las absorciones basadas en el uso de la tierra en 5,3 millones de toneladas de CO₂ eq adicionales en comparación con la media anual del período 2016–2018. Las últimas proyecciones disponibles muestran una diferencia con respecto al objetivo de 6,1 millones de toneladas de CO₂ eq en 2030. Es evidente que la agricultura y la ganadería tienen un papel esencial en el secuestro de carbono, por lo que el informe recomienda establecer acciones prioritarias. 

El informe reconoce que España es uno de los EM más afectados por las sequías, y también es vulnerable a los incendios forestales y las olas de calor. Y, a pesar de que está adoptando medidas, tiene importantes retos pendientes en materia de gestión del agua. 

Se hace una referencia a la hoja de ruta del biogás renovable para el período 2022–2030, a partir de residuos y materiales de origen agrario, aunque no se muestra una evaluación de su implementación. 

A la vista del informe, es previsible que las políticas medioambientales aplicadas en España en los próximos años presten especial atención: 

• En la actividad agrícola: a la expansión de las zonas de protección ambiental, la agricultura ecológica, el empleo sostenible de fertilizantes y de fitosanitarios, a la gestión del agua y al impulso a la agricultura de carbono.
• En la actividad ganadera a la utilización eficiente y sostenible de los estiércoles y purines procedentes de las granjas, al secuestro de carbono en los pastizales y a la gestión del agua. 
• En la industria alimentaria a la gestión en materia de envases y embalajes y, en menor medida, a la gestión del agua en las plantas de procesado.